La Consejería de Salud puso en marcha en 2010 un proyecto pionero para "desburocratizar" los 850.000 procesos de baja que se ponen en marcha al año, un 60% de las incapacidades temporales gestionadas en toda la región, ya que el resto se realiza a través de mutuas. Era, además, un modo de combate contra el fraude, que distintos estudios sitúan en no menos de un 12%. En los primeros meses de funcionamiento del programa piloto, que se estableció en 23 centros de salud y en el que estaban implicados 200 profesionales, se consiguió reducir  un 70 por ciento las consultas que los médicos de familia dedicaban a solucionar los trámites administrativos derivados de las renovaciones de las bajas laborales de incapacidad temporal.

Eliminando los partes de confirmación se calcula que se eliminan el 17% de todas las consultas médicas que se realizan al año. El nuevo modelo acabó con el procedimiento de emisión de los partes de confirmación semanales, promoviendo partes sólo de baja y alta. "El paciente se ahorra desplazamientos innecesarios por este parte de confirmación y se permite que el médico de familia dedique el tiempo de su consulta a la atención de pacientes y no a labores burocráticas", explicó en su día la consejera, María Jesús Montero.

Dos años después el IT21, que es como se llama este proyecto, es una realidad aplicada en todos los centros de salud ampliamente elogiado tanto por el Sindicato Médico como por la Asociación de Inspectores de Servicios Sanitarios. Incluso, su eficacia supuso un cambio normativo a nivel estatal.

Este sistema contrasta con otro que también ha sido muy comentado en el sector, el agresivo plan de la Comunidad de Madrid, que resumieron los diarios de esta región tras su primer año de puesta en acción con el titular 794 'curas milagro' de funcionarios. El gobierno de Madrid, que envió a inspectores como perros de presa a perseguir el fraude indignó a este cuerpo de funcionarios, que denunció "la contradicción  difícil de justificar de alardear de un sistema de identificación y corrección de las desviaciones y, a la vez, establecer medidas indiscriminadas que perjudican a justos y pecadores". Pese a ello, la Comunidad de Madrid, porcentualmente, está siete puntos por encima de Andalucía y cuatro por encima de Cádiz en bajas laborales.