La comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria Saladillo, de Algeciras, desarrolló el pasado 30 marzo una concentración para mostrar su repulsa contra la violencia en los centros escolares. Esa concentración vino precedida por un supuesto acto de violencia que ocurrió cinco días antes en las instalaciones de ese instituto. Un profesor fue agredido físicamente por un alumno de segundo de ESO que acababa de cumplir dos días de expulsión.

Esa agresión es una de las 13 que se contabilizaron en la provincia de Cádiz en los dos primeros trimestres del presente año. Y en el último lustro suman un total de 216, un dato éste que ha sido desvelado por el Partido Popular, aunque procede de un informe elaborado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

"El Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía concluyó en un informe relativo al curso escolar 2008/2009 que en nuestra comunidad autónoma se registraron 40.375 casos graves de indisciplina y violencia escolar (en el último informe correspondiente al curso 2004/2005 este dato era bastante menor, concretamente, 26.238). Ante la gravedad de esta situación, solicitamos a la Consejería de Educación los datos sobre agresiones a profesores desde el curso 2005/2006 en adelante, y con esto nos hemos encontrado", explica el portavoz de Educación del PP en el Parlamento Andaluz, Santiago Pérez.

Esas 216 agresiones físicas registradas en Cádiz en los últimos cinco años se reparten entre 66 colegios y 49 institutos, de lo que se extrae, sorprendentemente, que la mayoría de los conflictos no se producen en las instalaciones de Secundaria.

La evolución de este problema en las aulas gaditanas refleja que durante el curso 2005/06 se contabilizaron 51 casos de acoso docente, una cifra que bajó al curso siguiente (35), pero que fue superado notablemente en 2007/08 (74). En el curso 2008/09 se registraron en el programa informático Séneca un total de 41, y en los dos primeros trimestres del año 2009, un total de 13.

Estos números, en comparación con el resto de las provincias andaluzas, sitúan a Cádiz en cuarta posición. Es la cuarta provincia donde más se pone en entredicho la autoridad del enseñante, por detrás de Sevilla (367), Málaga (315) y Córdoba (223). Y le siguen Granada (125), Huelva y Jaén (ambas con 92), y Almería (90).

El portavoz de Educación del PP en el Parlamento de Andalucía insiste en que los 216 casos graves de falta de convivencia están "repartidos por toda la provincia", e igualmente señala que "no suelen tener una relación directa con el nivel socio-cultural que rodea al colegio o instituto. Las agresiones -subraya- se pueden dar en cualquier centro educativo".

Ante este "grave" problema, Pérez reclama a la Junta de Andalucía que se establezca por ley la condición de autoridad pública para el profesorado en el ejercicio de su función docente. "La ley debe reconocer la autoridad pública del profesor. Hay que insistir en ello y hay que aprobar reglamentos y realizar campañas encaminadas a recuperar el prestigio social de los docentes".

Esto último es justo uno de los objetivos principales que se ha marcado la Administración educativa para el presente ejercicio lectivo. Prueba de ello son las declaraciones realizadas a principios de curso por el consejero, Francisco Álvarez de la Chica: "Queremos que el profesorado recupere todo el prestigio social que se merece", y un ejemplo de ello es la Carta de Derechos del Profesorado que incluyen los nuevos Reglamentos de Organización de los Centros (ROC), así como garantías para su protección que son de aplicación desde este curso.

Asimismo, la delegada de Educación en Cádiz, Blanca Alcántara, recalcó a principios de septiembre la necesidad de reforzar la posición del profesorado, y para tal fin se va a poner en marcha durante este curso una campaña de comunicación dirigida a concienciar a la ciudadanía de la importancia que tienen los maestros en la vida de los alumnos. La campaña lleva por lema 'Detrás de cada persona hubo siempre un gran maestro'.

También hay que recordar que la Consejería de Educación y la Fiscalía Superior de Andalucía rubricaron recientemente un protocolo de colaboración para agilizar las investigaciones de delitos y faltas cometidos contra el profesorado.