El envejecimiento progresivo de la población que ha originado la reforma del sistema de pensiones, cerrado la pasada semana con el acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos, tiene en la provincia un ejemplo notorio de desequilibrios entre activos y pasivos. En diez años, el número de habitantes con más de 65 años, que marca en la actualidad la edad de jubilación, ha crecido un 20%, pasando de 134.675 en el año 2000 a 166.476. Es un incremento de 31.000 personas en un periodo relativamente corto de tiempo sobre una población total de 1.236.000. Esta cifra se explica tanto por la llegada de nuevas oleadas de población a esta edad como por el aumento de las expectativas de vida, ya que mientras hace diez años la provincia contaba con 11.069 habitantes con más de 85 años, ahora son 15.854 los que han superado esta edad.

Estos datos suponen que las personas en edad de jubilación son un 13% de la población, un índice que, en cualquier caso, no es de los más altos del país y que, de hecho, está casi tres puntos por debajo de la media nacional. Aún así, el problema de Cádiz es mucho más preocupante que en otras provincias.

Este desequilibrio sobre la población activa que aporta las cantidades para la caja de las pensiones irá en aumento con el paso de los años y será muy notable cuando la generación del baby boom de los 60 alcance dentro de dos décadas la edad de jubilación. Si hace diez años la población que se encontraba en la franja de edad entre los 40 y los 65 años era de 305.437 habitantes, en solo una década esa misma franja ha pasado a ser de 100.000 personas más (404.515). Sin embargo, en la provincia no toda esta población activa es una fuerza cotizadora, ya que el paro, que ha aumentado en casi diez puntos entre 2000 y 2010, entre estos habitantes se aproxima a un 25% y con escasas expectativas para muchos de ellos de volver a entrar en el mercado laboral.

Si cruzamos los datos con la Encuesta de Población Activa (EPA), publicados recientemente en su última oleada, la del final del año de 2010, nos encontramos con una tasa de actividad del 56%, lo que implica un paro real de un 31%, que traducido en cifras son 177.000 personas. Es decir, la provincia de Cádiz tiene más parados que personas en edad de jubilación y ese hecho sí que es singular. Este vuelco se ha producido durante los dos últimos años. La situación no tiene nada que ver con el panorama nacional, donde la EPA contabiliza 4.696.000 de parados y el último estudio demográfico nos indica que en España hay casi 7 millones de personas con más de 65 años. La provincia es la única en la que se produce esta circunstancia.

El último informe sobre la Sociedad Económica española realizado por el BBVA y dirigido por el prestigioso economista Rafael Domenech ya avanza el panorama en el que nos podemos encontrar en un plazo no superior a los 15 años, en el que pasaríamos de cuatro cotizantes por cada pensionista a un cotizante por pensionista, lo que podría llevar a una situación de compleja resolución. En el caso de Cádiz, con los peores índices españoles en ese cruce entre cotizantes y pensionistas, esos datos podrían llegar a ser incluso peores. Hasta ahora, la bonanza económica y la llegada de trabajadores inmigrantes enmascaraba este hecho demográfico.

Javier Sánchez Rojas, de la Confederación de Empresarios, reconoce que el panorama que ofrece "el envejecimiento de la población tiene difícil solución porque ya no solo tenemos que pensar en crear empleo, sino en buscar un modelo sostenible para nuestras futuras pensiones".

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