Para que la Operación Rubus, que se llevó a cabo el jueves en Barbate y que acabó con 18 detenidos pertenecientes a tres clanes que controlaban el menudeo de droga en la localidad, pueda ser considerada un éxito total queda lo fundamental: sentar a los detenidos frente a un juez. La Fiscalía Antidroga de la provincia lleva trabajando, codo con codo, con los agentes del puesto de la Guardia Civil de Barbate desde que se inició la investigación hace un año. Ayer, Ana Villagómez, fiscal antidroga en Cádiz y delegada en Andalucía, valoró el operativo y reconoció la dificultad que tiene poder incautar gran cantidad de drogas porque “este tipo de clanes no suelen tener mucha droga, la cambian de domicilio. Es complicado”.

Reconocía que estas organizaciones con muchas ramificaciones son difíciles de desmontar. “Nosotros estamos desde el principio dirigiendo la forma en que la Guardia Civil tiene que ir haciendo la investigación, porque en estos casos se requiere realizar intervenciones de teléfonos y poner en los vehículos dispositivos de seguimiento. Todo eso tiene que hacerse con unos requisitos que si no se cumples las pruebas pueden ser anuladas”.

Apunta Villagómez que el fiscal “tiene que ir marcando los tiempos en todas las operaciones que se hacen a gran escala contra organizaciones criminales. Además, jurídicamente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que antes de que el juez decida sobra la autorización de una de estas medidas el fiscal informe. Nosotros lo hemos hecho en todas las medidas que se han autorizado por parte del juez, que por supuesto también tiene su parte importante. Digamos que nosotros somos los directores de una orquesta y Guardia Civil y Policía Judicial son quienes ejecutan, pero sin una de las partes no se puede hacer. Todos tenemos nuestro papel y el nuestro es el de ver que todo se cumple conforme a la ley”, recalca.

Hay que resaltar que los requisitos que se solicitan son de cada medida, no en general. “Hay que ir muy poco a poco. Fiscalía tiene que informar al juez de que este teléfono de esta persona debe ser intervenido porque hay indicios de que se está dedicando al tráfico de drogas. Eso es lo que tiene que hacer operativamente la Guardia Civil, vigilarlos, seguirlos, ver como entran en una casa, como salen, y cuando hay indicios pues se pide la orden. Si no tenemos todo atado hay que seguir con la investigación”.

“Además –prosigue– es que ese informe el fiscal lo tiene que hacer en el plazo de 24 horas. A veces recibimos atestados de 200 folios y en un día o dos, a lo sumo, tenemos que informar, es agotador. Por eso recabamos más medios. Y estos asuntos los lleva un fiscal, no podemos hacer que lo lleve cada vez uno distinto. Y ese fiscal puede tener juicios, declaraciones, guardias… Por eso es tan costoso llevar estos asuntos, que requieren de muchos informes”.

Ante esta situación, Villagómez lleva tiempo solicitando “más medios”. “Ahora ya ha explotado esta operación y parece un éxito, pero es que ese éxito no llegará hasta que no lo llevemos a un juicio. Y ahora tenemos un montón de detenidos que hay que ver, respecto de todos, si existen datos para poder pedir la prisión o no, porque, aunque los acusemos, igual los hechos no son tan fuertes como para esta medida. Tenemos a la fiscal que está llevando el tema estudiando todos los registros, toda la investigación que se ha hecho previa, y ver sobre quién vamos a pedir la prisión. Luego empiezan los abogados a solicitar libertades de los detenidos, si se han incautado efectos empiezan a pedir su devolución, si no se les admite apelan incluso a la audiencia y así vamos hasta que podemos finalizar la instrucción. Esto es lo que ahora tiene que hacer un juez de instrucción, que no hay que olvidar está en Barbate, que tiene una semana de guardia sí y otra no, que tiene asuntos civiles, que tiene que hacer de todo, asuntos antiguos, con lo cual esto no es fácil de gestionar”.

Para la fiscal antidroga es esencial poner coto al menudeo. “Crea alarma social, por eso a veces hay que hacer estas redadas y que se visualice que estamos encima. Pero esto es complicado porque si se coge una pequeña cantidad de droga se le pone menos de dos años y no ingresan siquiera en prisión preventiva, y en cuanto que salen vuelven a vender, porque la mayoría son adictos que necesitan sus dosis, son barriadas marginales en las que además hay un sistema de avisos, tienen casas con puertas reforzadas… Esta gente son los últimos de la cadena, pero mientras que la gente vaya a comprar ellos van a estar vendiendo. Es muy difícil de erradicar este tipo de puntos de venta”.

Ana Villagómez quiso destacar el gran trabajo realizado por las compañeras fiscales que han llevado este caso. “Verdaderamente han realizado una gran labor para que esta operación pudiera realizarse”, manifestó.