La montaña de basura ha hablado, y ha estimado su valor exacto. Y su valor exacto, tras años de recogimiento y acumulación, supera los 35 millones de euros. Ya ven. Las montañas de basura son un tesoro.

Más de 35 millones de euros. Esa es la deuda total de los ayuntamientos con Bioreciclaje a día de hoy, aunque hace un año la cifra que Bioreciclaje de Cádiz exigía saldar al Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos era de 13.507.440 euros (más 2.270.668 de intereses) por los servicios prestados a Ayuntamientos de Cádiz, Olvera, San Fernando, Chiclana y Puerto Real. Por su parte, la empresa que realiza el seguimiento del cumplimiento del pliego de concesión, 2020 Ingenieros, apuntaba hace un año que todo ese montante, el valor de toneladas y toneladas de desperdicios podría quedar en nada, billetes flotando en la basura, en el limbo de lo nulo, por una serie de irregularidades en el contrato entre la empresa encargada de la gestión de la planta de Miramundo y el propio Consorcio. Demasiados puntos en rojo de entre los cuales, destaca la tasación incorrecta de los residuos, cuando gran parte de los mismos eran cargados como material listo para su tratamiento, pero no procesados.

Así, según consta en informe interno de la entidad, en 2013 se ponía en conocimiento del Consorcio que Bioreciclaje de Cádiz no había facilitado los datos económicos para cerrar la auditoría correspondiente a ese año. La empresa 2020 Ingenieros constataría posteriormente la existencia de irregularidades en la facturación de los residuos de los distintos municipios adscritos al servicio. Bioreciclaje presentaba una “tasación única” por el servicio prestado “independientemente del destino” de la basura recibida –cuando la tarifa acordada debía aplicarse, en principio, a toneladas de residuos que iban a ser tratados, no desechados–.

2020 Ingenieros especificaba en su aporte que “no se transferían los residuos de las plantas de transferencia de Bornos, Olvera, Sanlúcar y Ubrique a la planta de las Calandrias, sino que terminaban en la planta de Miramundo”.Tampoco se descontaba el coste obtenido con los residuos que llegaban a Miramundo, “y que se venden posteriormente a operadores de este tipo de residuos, obteniéndose, de esta forma, un doble beneficio”. Ni, por supuesto, se habían realizado las inversiones previstas en la planificación del contrato.

Así, según señala el informe interno del Consorcio para la Gestión de Residuos urbanos, la actual tarifa única “no se ajusta a las circunstancias reales del servicio”. La evolución real de los ingresos en la planta de Miramundo –asegura el texto– ha sido “muy superior a la prevista”, en parte por el tratamiento en Miramundo de los residuos no transferidos de la planta de las Calandrias, pero también por el cobro de tarifas únicas, así como por la disminución de personal en la planta de Medina.

La irregularidad de la tarifa única se une a otras que el Consorcio señala como constitutivas de nulidad de contrato. En primer lugar, la adjudicación del concurso de gestión de residuos a la unión de empresas contemplaba la construcción de una planta con sus respectivos módulos de reciclaje y compostaje en el plazo de ocho meses desde la obtención de licencias, y de módulos de biometanización y cogeneración eléctrica, en quince.

A pesar de esto, el 16 de diciembre de 1998 el Consorcio Bahía de Cádiz y la UTE ampliaron la fecha de recepción del módulo de cogeneración eléctrica hasta el 31 de diciembre de 1999 –sin penalización alguna a las empresas–.

Seguimos. A la fecha de concurso (18 de abril de 1997), el Consorcio controlaba el 100% del capital social de Bioreciclaje de Cádiz. Si bien ,cuando se formaliza el contrato de cesión con Bioreciclaje (18 de diciembre de 1998), la empresa ya no era únicamente de titularidad pública, sino que Partícipes de Bioreciclaje ostentaba un 49% de su capital social.

Seguimos. Tras la liquidación del Consorcio Bahía en 2002, la propia Junta del Consorcio decidió que fuera Bioreciclaje de Cádiz quien gestionara los servicios a los Ayuntamientos: un cambio administrativo que debió haber sido acordado en los plenos de los consistorios afectados.

Seguimos. La escritura de concesión del crédito mercantil entre Partícipes de Bioreciclaje y Bioreciclaje determinaba que, si era necesario modificar o sustituir cualquier elemento o instalación de la planta o tecnología empleada, Partícipes de Bioreciclaje serían los encargados de costearlo, y que cargarían igualmente con las desviaciones que se produjeran por un menor rendimiento de la explotación.

A pesar del tremendo retraso del proyecto –casi diez años entre diciembre de 1999, fecha que marcaba la amplicación de plazo, hasta mayo de 2008, cuando se produjo la recepción definitiva de la planta –, los módulos de biometanización y cogeneración eléctrica no pudieron ser “objeto de explotación a resultas de la tecnología empleada”. El 30 de julio de 2007 la Junta Liquidadora del Consorcio aprobó una serie de modificaciones entre las que se encontraba la “supresión de las obligaciones contractuales relacionadas con la puesta en marcha y explotación de la segunda fase de la Planta de Tratamiento de Residuos de Miramundo”, es decir, los módulos de biometanización y cogeneración.Una decisión que se llevó a cabo por criterios de seguridad recogidos en otras plantas, que desaconsejaban su uso. Aunque los gastos y pérdidas por el cambio de tecnología y/o incidencias relativas debían ser asumidos por UTE o Partícipes de Bioreciclaje, se aumentó la tarifa única a los municipios consorciados –achacando una de las causas de la actualización de pago a la imposibilidad de explotación de los módulos–. Según la legislación vigente, la Junta no tenía además competencias ni para adoptar el acuerdo de modificación del contrato ni para subir las tarifas.