"Somos limpiadoras, no somos fregonas". "Limpiamos, limpiamos, limpiamos.... ¿y a la hora de cobrar? ¿Esto nada más?". Las voces de las trabajadoras, en su gran mayoría mujeres, del sector de la limpieza en la provincia de Cádiz se han escuchado este viernes en Cádiz con una manifestación que ha recorrido el camino del hospital Puerta del Mar a la sede de los empresarios.

Unas 8.000 personas están afectadas por el convenio colectivo de la limpieza de edificios y locales de la provincia de Cádiz, que terminó su vigencia el pasado 31 de diciembre del 2020, y cuya negociación pasa por un momento clave. El martes habrá una nueva reunión con la patronal y los sindicatos se levantarán "si no hay propuestas serias y viables". "No pedimos nada descabellado pero si no hay mejoras no vemos abocados a que el sector esté por debajo incluso del salario mínimo interprofesional", explicaba Juan Benítez, de CCOO.

En estos cinco años, apuntaban, las trabajadoras han tenido unas subidas "pírricas", de 20 céntimos al año, y eso a pesar de los "muchísimos beneficios" de han tenido las empresas con los refuerzos de los servicios durante la pandemia, "grandes empresas que negocian los convenios de otras partes de España".

"Sin nuestro trabajo no se hubiera podido hacer la labor con la sanidad, en los supermercados o en lo colegios", "hemos estado dando todo y más, hemos tenido mascarillas ni EPIS al principio, se han contagiado y no se ha valorado", lamentaban. "En la provincia, compañeras con 30 años de servicio están cobrando 890 euros, con la antigüedad al máximo", contaba Josefina Romero, de UGT, como denuncia, "y vamos a luchar por dignificar el sector", entre otras cosas porque lo que se consiga sea con retroactividad desde el 1 de enero.

El lema de "esto no es 'ná', acaba de empezar" ha sonado en la protesta de los trabajadores que han participado, a la espera de cómo continúan las negociaciones.

Teresa Rodríguez ha acudido a apoyar a unas "trabajadoras esenciales" y ha exigido que la patronal "no se lleve todo al bolsillo", ya que las jornadas completas "que son pocos casos" están en 800 euros al mes. También  la líder andalucista hizo "una llamada de atención a los gobiernos, para que no se lleven subvenciones públicas empresas que no cumplen con la normativa laboral vigente, especialmente en el sector privado, y no mejoren las condiciones de sus trabajadores".