El pasado mes de noviembre la Policía Nacional dio por desarticulada una de las organizaciones criminales más activas en el tráfico y distribución de cocaína, hachís y marihuana de la provincia de Cádiz y parte de Andalucía. Durante el desarrollo de la bautizada como Operación Bocata se  practicaron de forma simultánea 19 registros en domicilios y locales de la banda en los que participaron más de 200 agentes de la Policía Nacional de nueve especialidades distintas.

Se incautaron más de ocho kilos de cocaína de gran pureza, 34  kilos de hachís, 1.073 plantas de marihuana de gran tamaño, 401.565 euros en metálico, turismos de alta gama y herramientas y útiles para la manipulación y adulteración de la droga.

También se intervinieron dos armas de fuego especialmente letales: una escopeta automática y un fusil de asalto AR 15 (M-14) con munición de guerra de las utilizadas actualmente en la mayoría de los conflictos bélicos en el mundo junto con más de 250 cartuchos para este arma de calibre 5,56.

Los agentes detuvieron a 19 sospechosos, entre ellos, F.F.B. alias ‘El Bocata’ –de ahí el nombre del operativo–, un jerezano de 34 años, vecino de la barriada de Estancia Barrera al que le constaban 11 antecedes policiales.

El juez envió a prisión a ‘El Bocata’ y a otros seis miembros de la red –sus máximos lugartenientes– por tráfico de estupefacientes, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos. Y es que había indicios suficientes que los incriminaban con el tráfico de drogas en Jerez y su campiña, la Sierra de Cádiz, el área de la Bahía, así como en otras provincias andaluzas.

Ya entre rejas, ‘El Bocata’ presentó un recurso a través de su defensa, el abogado José Álvarez, en el que, entre otras cuestiones, alegó que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva al no haberse trasladado a su letrado una copia de las actuaciones judiciales practicadas tras su detención para poder pronunciarse sobre la prisión provisional incondicional y sin fianza decretada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez a petición de la Fiscalía.

Así las cosas, el 16 de diciembre se celebró una vistilla –conocida así en el argot judicial– en la Audiencia Provincial con sede en Jerez en la que el abogado del supuesto cabecilla de la organización recordó que, tras solicitar copia de las actuaciones, en concreto, del atestado y de las actas de entrada y registro, se le denegó tal información.

Pues bien, el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha dictado un auto con fecha de 20 de diciembre en  el que estima el recurso de ‘El Bocata’ y lo deja en libertad provisional al considerar que, efectivamente, “se lesionó” su derecho de defensa.

Siguiendo el criterio establecido por el Tribunal Constitucional, la Sección Octava señala que el abogado defensor mostró su voluntad de hacer uso de su derecho de acceso a las actuaciones –rogación expresa exigida por el TC– y, pese a ello, “no obtuvo cumplida respuesta de la instructora, que de forma implícita denegó la petición al decretar seguidamente la prisión” para el detenido.

Con ello, concluye el auto, “se lesionó el derecho de defensa al impedirse una audiencia contradictoria y en igualdad de armas”. Se vulneró, por tanto, “el derecho a la libertad personal” del supuesto líder  de la organización por haberse adoptado su ingreso en prisión sin tener en cuenta la norma del Tribunal Constitucional que determina que “el abogado del investigado tendrá, en todo caso, acceso a las actuaciones que resulten esenciales para impugnar su privación de libertad”.

‘El Bocata’ ha quedado así libre aunque con obligación apud acta de comparecer todos los viernes y cuantas veces sea llamado ante el juez.

Tras la liberación de ‘El Bocata’, los otros seis apresados en esta causa alegaron idénticos motivos para su puesta en libertad y fueron igualmente estimados, de manera que los principales implicados en uno de los entramados más activos en el tráfico de cocaína en la provincia están en la calle.