Año 2007. Un hombre acude al despacho de una abogada en Sanlúcar. Quiere contratar sus servicios para legalizar la construcción de una vivienda en Chipiona y para ello abona a la letrada, primero 3.000 euros y después otros 900 más para la tramitación del asunto. Pero la mujer no hace nada. No realiza gestión alguna y el expediente queda en un limbo legal. Tanto es así que la Administración reclama al propietario del inmueble 88.000 euros en concepto de deuda.

Año 2013. Otro hombre acude al mismo despacho para recurrir una sanción por infracción urbanística del año 2009. El cliente ingresa a la abogada 53.175 euros para el pago de esa sanción y presenta ante el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Sanlúcar un documento de ingreso en la Agencia Tributaria de 48.307,53 euros que la letrada había falsificado y en el que se recogía, faltando a la verdad, que no tenía ningún tipo de deuda.

Estos dos casos y otros similares aparecen reflejados en el escrito de acusación que ha formulado Fiscalía Provincial de Cádiz para llevar a juicio el próximo miércoles a la supuesta letrada, a la que procesa por haberse hecho pasar por abogada durante nueve años –entre 2007 y 2015– y haber estafado a una veintena de personas más de 150.000 euros.

La acusación pública la considera responsable de los delitos de intrusismo, estafa agravada en concurso con apropiación indebida y falsedad en documento privado, por los que solicita la pena total de nueve años y medio de prisión. La Fiscalía pide también que la acusada indemnice a todos los perjudicados con las cantidades que le entregaron confiados de que se trataba de una profesional colegida y que disuelva la empresa de asesoramiento jurídico que ella misma creó, una entidad mercantil para la que la Fiscalía plantea una multa de 500.000 euros.

Las conclusiones provisionales del fiscal exponen que la encausada “se hizo pasar por letrada con ánimo ilícito”, ofreciendo servicios como abogada y procuradora. Así, “simulaba actuar en procesos judiciales o administrativos” y, con ese falso propósito, “elaboraba o entregaba documentos justificativos falsos”.

Entre los años 2007 y 2015, especifica la Fiscalía, 20 personas fueron víctimas de la estafa urdida por esta supuesta profesional del Derecho. Las cantidades que los damnificados ingresaron a la acusada durante ese tiempo para que ésta les gestionara asuntos judiciales de diversa índole oscilaron entre los 500 y los más de 53.000 euros antes mencionados.

Así, por ejemplo, en 2011 un cliente pagó a la procesada 11.000 euros para intentar evitar la demolición de su vivienda. En 2012 otro cliente le abonó 3.500 euros para modificar un convenio regulador de pensión. Entre finales de 2013 y principios de 2014 otra persona entregó a la hipotética letrada 6.350 euros para tramitar su divorcio. En 2014, una mujer desembolsó 500 euros para reclamar por una negligencia médica... Y así hasta alcanzar una suma total que supera los 150.000 euros.

“La acusada nunca tuvo intención de destinar las cantidades percibidas al fin para el que le fueron entregadas”, precisa la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, donde se detalla también que “el Consejo General de la Abogacía acreditó en fecha de 28 de octubre de 2014 que la procesada no constaba como colegiada ejerciente o no ejerciente ni antes ni después de 2010”. Asimismo, “el Ministerio de Educación, en fecha 13 de abril de 2015, acreditó que la acusada no se encontraba en posesión de título universitario en Derecho”.

El órgano que se encargará de juzgar este nuevo procedimiento es el tribunal de la Sección Cuarta de Cádiz. En principio, está previsto que la vista se celebre a lo largo de tres jornadas, desde el miércoles hasta el viernes de esta semana que viene.