Un juez investiga el 'pelotazo' frustrado de Los Barrios

La Justicia instruye diligencias previas para analizar el intento de venta del suelo público por debajo de su tasación · La causa se reactiva al recibirse nueva información

Vista general de la parcela ZO9 situada entre el parque comercial y la urbanización Guadacorte, en foto de archivo.
Vista general de la parcela ZO9 situada entre el parque comercial y la urbanización Guadacorte, en foto de archivo.
A. R. / Los Barrios

19 de noviembre 2012 - 05:01

El Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras investiga el caso del pelotazo urbanístico frustrado en torno a la parcela municipal ZO9 de Los Barrios. La autoridad judicial mantiene abiertas diligencias previas para analizar el caso, revelado en marzo de 2010 por Europa Sur, por el que el exconcejal de Urbanismo de la localidad Antonio Rodríguez (PSOE) acordó a finales de 2008 con la sociedad mercantil Guadacorte SA la venta del suelo público -de 24.802 metros cuadrados y clasificación comercial- muy por debajo de su valor de tasación.

La publicación del pelotazo frustrado ya originó inmediatamente la apertura de diligencias informativas por el fiscal jefe de área de la Fiscalía de Algeciras, Juan Cisneros.

El ex concejal pactó con la mercantil vender la parcela por 6,3 millones de euros cuando su valor tasado en aquel momento era de 18 millones, según consta en un detallado informe elaborado por Guadacorte SA y corrobora una partida del presupuesto municipal de 2009 que sustentaron las informaciones publicadas en su día por este medio. La operación finalmente no se llevó a cabo, pero la entidad local recibió a cuenta 2,5 millones de euros que no ha devuelto a la promotora.

Hasta ahora, no había trascendido que las diligencias informativas del fiscal había desembocado en una causa judicial. Para poder ejercer su investigación -que en función de los resultados desembocará en un juicio o se archivará- el juzgado ha requerido al Consistorio barreño en tres ocasiones la entrega de documentación, encontrándose con la obstrucción por parte del último equipo de gobierno del PSOE, presidido por Juan Montedeoca, que obvió el primero de los requerimientos judiciales.

El titular del número 2 reclamó al Consistorio el 27 de enero de 2011 copia de toda la documentación relativa a la operación urbanística que publicó este periódico en marzo de 2010, así como un informe-resumen de todas las operaciones urbanísticas realizadas entre el Ayuntamiento de Los Barrios y Guadacorte SA elaborado por el secretario del Consistorio.

El oficio llegó a la entidad barreña -aún gestionada por el PSOE e IU- el 9 de febrero de 2011. Sin embargo, el juez tuvo que reiterar esta petición ante la falta de respuesta un año después. El 1 de marzo de 2012 el mismo juzgado insistió ante la entidad municipal y le requirió el cumplimiento del primer oficio; ya bajo la gestión del equipo de gobierno del Partido Andalucista. "Ni ha enviado el informe-resumen interesado, ni la copia del expediente relativo a la enajenación de la parcela ZO9", recoge el segundo oficio, con sello de entrada municipal del 20 de marzo de 2012. La asesoría jurídica municipal respondió al Juzgado el 29 de octubre de 2012 (tras haber sido urgida una tercera vez más en septiembre). En el oficio de remisión, el Consistorio pone a disposición judicial diversa documentación recibida de la Oficina Técnica de Obras y Urbanismo.

La ZO9 (Zona de Ordenación 9) es uno de los principales activos patrimoniales del Ayuntamiento barreño, ubicado entre el parque comercial y de ocio Las Marismas y la urbanización Guadacorte, junto a la autovía A-7.

La operación pactada entre Antonio Rodríguez y Guadacorte SA en octubre de 2008 quedó recogida en un dossier elaborado por la propia mercantil y que Europa Sur entregó a la Fiscalía. Según dicho informe, la promotora y el concejal mantuvieron un encuentro en la sede de la empresa municipal Iniciativas Los Barrios para tratar de dar una solución a varios convenios urbanísticos previos que no pudieron llevarse a cabo por haber sido desautorizados por la Junta de Andalucía, aunque Guadacorte SA ya había anticipado una importante suma de dinero a la entidad local por ambos acuerdos.

La promotora sostiene -según su propio dossier- que acordó con el entonces concejal la compra de la ZO9 por 6.353.024,80 euros, considerando adelantados un total de 2.373.025 euros por las dos operaciones previas no autorizadas por la Junta, y a los pocos días abonó otros 200.000 euros. Guadacorte y Rodríguez programaron un desembolso de 2 millones de euros a la firma de la escritura y 1,8 millones de euros en los dos años siguientes. Todas estas cuantías suman los 6,3 millones de euros referidos.

El ex edil Antonio Rodríguez justificó en su momento que la parcela iba a ser vendida por 7,2 millones de euros más 10,8 millones correspondientes al valor de tres parcelas que iban a ser entregadas al Consistorio mediante una permuta (18 millones en total). Sin embargo, las permutas fueron paralizadas por la Junta con anterioridad a la reunión de octubre de 2008 en la sede de Iniciativas. Es más, el propio Ayuntamiento de Los Barrios recogió en sus presupuestos anuales de 2008 y 2009 cuantías que casan con las diferentes fases del acuerdo. En el primero de estos dos ejercicios, las cuentas públicas reconocían una previsión de ingresos de 7.212.000 euros: la diferencia entre los 18.030.000 euros en que se tasó el suelo y los 10.818.080 que pretendía obtener la Villa a través de la permuta que finalmente no se llevó a cabo.

Como el canje de suelos no pudo efectuarse, las cuentas de 2009 tuvieron que acomodarse al escenario creado tras el pacto de compraventa. La misma partida quedó modificada para hacer constar una previsión de ingresos de 4 millones de euros, que sumados a los 2,3 ya pagados como anticipos a cuenta por las operaciones previas, ratificaron la existencia del acuerdo que finalmente no llegó a materializarse.

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