El juez decano de Cádiz advierte de la falta de medios para implantar los tribunales de instancia

El juez decano de Cádiz, Antonio Rodríguez, se suma a las quejas formuladas por numerosos magistrados de toda España por la reforma de los tribunales iniciada con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia. En un comunicado, un total de 55 jueces decanos, concretamente los afectados por la tercera y última fase para la constitución de los tribunales de instancia, critican la falta de previsión y la carencia de medios para poder asumir los cambios. "Manifestamos nuestra preocupación por el estado actual de la implantación y el escaso margen de tiempo previsto para aplicarla", argumentan.

Los jueces firmantes advierten que las sedes judiciales que dirigen son las que concentran mayor volumen de litigiosidad. Los decanos aseguran que "a menos de dos meses de la fecha prevista para implantar el nuevo modelo organizativo diseñado por el legislador, en las grandes ciudades, no contamos ni con todos los medios ni con la suficiente planificación que permita garantizar su eficacia". Una circunstancia que, a su parecer, "puede poner en riesgo la prestación del servicio público adecuado en perjuicio de la ciudadanía y de los profesionales afectados".

Los jueces afirman que han ofrecido "su colaboración a las administraciones para que la activación sea eficaz" y, aún así, por ahora no cuentan "ni con el diseño organizativo interno de los servicios comunes que integrarán la oficina judicial de cada tribunal, ni con la distribución de tareas entre el personal, ni con la designación por parte del Ministerio de Justicia de todos los directores y jefes de área que deben liderar la implantación".

Asimismo, destacan que "muchos de estos tribunales no tienen los medios exigibles para que la transición prevista para el 31 de diciembre de 2025 sea posible". Insisten en que no hay "adecuación del número de plazas judiciales al volumen de asuntos, concentración de sedes, expediente digital en todas las jurisdicciones, reubicación adecuada de los espacios físicos, política de asignación informática de los miles de expedientes judiciales afectados ni sistemas de gestión procesal adaptados a la nueva organización".

Por ello, reclaman "el análisis de las disfunciones que se detecten en los tribunales" y la adopción de las medidas necesarias para corregirlas. De ahí que consideren "imprescindible contar con un margen de tiempo suficiente que garantice que la implantación se realice de forma progresiva y con la adecuada planificación en las grandes ciudades". De hecho, esgrimen que la misma ley (LO 1/2025), en la disposición transitoria quinta, permite la posibilidad de que su aplicación se ajuste temporalmente a situaciones como las anteriormente descritas.