El próximo jueves se debatirá la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el fraude de 23 millones de euros en las ayudas de reindustrialización en el caso Bahía Competitiva.

El Partido Popular ha solicitado dicha comisión para aclarar qué es lo que ha ocurrido con estas ayudas y esperan que tanto PSOE como IU acepten la creación de la misma.

Tanto la parlamentaria andaluza por Cádiz del PP, Ana Mestre, el pasado jueves, como el presidente del partido en la provincia, Antonio Sanz, en el día de ayer, han insistido en que la Junta debería asumir responsabilidades en este caso porque la Administración autonómica coparticipaba en la decisión del destino de los fondos.

El presidente popular gaditano manifestó ayer que "si se ha producido un robo, existen responsabilidades políticas y seguramente jurídicas".

Antonio Sanz declaró que "la Junta está obligada a aceptar la comisión de investigación porque tiene a cinco personas imputadas vinculadas a la Junta y lo que está en juego es el presunto robo de 23 millones de euros que debía destinarse a empleo que, a través de comisión tripartita (Ministerio de Industria, Junta y Diputación), se decidía el destino de los fondos".