Los jornaleros que asaltaron los supermercados serán arrestados

El SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) consiguió el martes con su tradicional acto propagandístico del verano un rotundo éxito. El asalto a dos supermercados en Écija y Arcos, bajo la excusa de una "expropiación alimentaria", logró lo que pretendía: poner de los nervios a todo el arco político. Pero las consecuencias judiciales pueden no ser agradables. El Ministerio de Interior cursó ayer la orden de detención contra los participantes, entre los que se encuentran cargos de Izquierda Unida como el alcalde de Espera o el portavoz de la coalición de izquierdas en el municipio sevillano de El Coronil.

La orden de detención, que viene directamente del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no incluye al alcalde de Marinaleda y parlamentario andaluz de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo por ser aforado. "El establecimiento (el supermercado de Écija) ha presentado una denuncia y la Policía tiene la orden de actuar", aseguró el ministro.

Además, Fernández Díaz ha trasladado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que a su vez inste a la Fiscalía a investigar lo ocurrido por si los hechos fueran constitutivos de delito, pese a que se muestra comprensivo reconociendo que "la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios". Dicho y hecho. Ruiz-Gallardón trasladó de inmediato al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, la documentación para que hiciera una valoración jurídica. La actuación fue rápida. Sánchez Gordillo ya tiene en su poder una citación judicial y el resto de los participantes en el asalto de Écija serán detenidos en cuanto sean identificados.

Hay fiscales que ya tienen clara su valoración. La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, considera que sí es delito, ya que "si todo el mundo hiciese lo mismo esto sería la ley de la selva. Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas", ha dicho a Europa Press.

IU se traga el sapo e intenta defender a su 'maldito' oficial. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, contemporizó: no comparte la acción de Sánchez Gordillo, pero considera desproporcionada su detención. "Hay que tener en cuenta el simbolismo. Se ha abierto un gran debate sobre riqueza y pobreza, siendo ésta una realidad que no se puede obviar", dijo después de firmar un plan de fomento del empleo agrario. Los pueblos a los que iban destinados los alimentos superan todos el 40% de paro.

Para el diputado Gaspar Llamazares, la reacción del gobierno es "hipócrita e histérica"; para el eurodiputado Willy Meyer, la orden de detención es "una metedura de pata veraniega, como si en este país el tema de seguridad no requiriera una atención mayor en el blanqueo de dinero o tráfico de estupefacientes"; su hija, Amanda Meyer, directora de Vivienda de la Junta, pidió el día anterior a José Antonio Griñán en un tuit que "no señale al débil mientras nos roban a manos llenas gracias a la reforma constitucional que pactaron ustedes (por el PSOE nacional) con el PP". El colofón lo puso el portavoz de Interior de IU en el Congreso, Ricardo Sixto, que dijo que el ministro se estaba comportando como "un sheriff del Oeste".

Con todas las redes sociales revolucionadas con el hecho, el PP andaluz,que calificó los asaltos como "pillaje", se lanzó también a la algarada. Pese a que el presidente de la Junta había condenado los hechos en un tuit, y el vicepresidente, Diego Valderas, había dicho no compartir los métodos, el secretario general del grupo del PP andaluz, Rafael Salas, exigió a Griñán la destitución inmediata de Amanda Meyer por apoyar la acción del SAT. Según Salas, IU está "rompiendo la convivencia y riéndose de la ley". A continuación, el popular verbalizó la verdadera preocupación que estos hechos han producido en Madrid: "Trasladan una imagen de Andalucía que no es real y que daña los intereses de los andaluces". A continuación, sermoneó al vicepresidente Valderas, recordándole que tiene la obligación de conformar un "gobierno serio y responsable y no el ejército de Pancho Villa".

El PSOE, por su parte, hacía lo imposible para desmarcarse de la acción de un componente del grupo parlamentario que sostiene el gobierno andaluz. El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, fue el más tajante calificando de "barbaridad" los asaltos y subrayando que su partido rechaza cualquier vulneración de la ley. "Lo que ayer hizo algún dirigente político, que además es parlamentario, nos parece una barbaridad", manifestó Hernando desde la calle Ferraz.

Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, tenían precisamente ayer una reunión con el PSOE en Madrid para diseñar la estrategia que permitiera mantener la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración. El asalto a los supermercados, sin embargo, fue el tema del día en la rueda de prensa posterior. Fernando Lezcano, de CCOO, se mostró crítico con el sindicato de jornaleros afirmando que acciones de este tipo son "más efectistas que efectivas", que es, precisamente, lo que el SAT reconoce que ha buscado: ser efectista. La prueba es que el propio Lezcano afirmó a continuación que "valdría la pena pararse a pensar qué circunstancias se pueden estar dando para que a alguien se le ocurra llevar a cabo una acción de esa naturaleza".

UGT y CCOO consideran que acciones de este tipo no forman parte de su "tradición reivindicativa. Somos más partidarios de aquellas acciones que movilizan a cantidades cada vez mayores de personas que contribuyan a generar dinámicas más masivas que fuercen cambios en la sociedad".

Por último, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se mostró muy preocupada porque teme que estas acciones "alienten actos delictivos, la violencia y el robo con fuerza".