No deja de ser indignante que el bienestar de la infancia sea algo que, en principio, provoque unívoco acuerdo social y político mientras que las mejoras legislativas al respecto hayan quedado en barbecho. En Andalucía, queda pendiente de transposición la Ley de Protección Jurídica del Menor de 2015. Y la creación de una ley orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia ha estado en el limbo durante cinco años: una ley desarrollada bajo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU y que incluye en la definición de violencia el maltrato físico y psicológico, los abusos sexuales o figuras como la negligencia o el abandono.

Por un lado, este retraso se ha debido a la inestabilidad política (que se cobra víctimas más allá de nuestra paciencia); por otro lado –apunta Francisco Mena, de la Fundación Márgenes y Vínculos–, el hecho de que el inicial fuera un proyecto que salió sin memoria económica. En cualquier caso, se espera a que a finales de año esta Ley de Protección a la Infancia se haya aprobado:“Ha hecho falta mucha conciencia social, campañas, firmas, reuniones y trabajo de incidencia porque la sociedad lo percibe como algo horrible pero muy duro de afrontar –indica Javier Cuenca, de la organización Save the Children–. Hay formas de violencia que antes estaban asumidas: la torta a tiempo, el acoso escolar como ‘cosas de niños’... que ya no se conciben así. Esta ley es fruto de ese cambio”.

La cuestión es que la llamada “Ley Rhodes” salga “blindada”, con un presupuesto y con el mayor consenso posible. Entre los puntos que se destacan de la propuesta estaría la formación específica de jueces y fiscales, “algo que se viene demandando también por parte de la judicatura”, indica Mena. O el referente a la creación de una Casa de los Niños, con el objetivo de que el menor no pase por un juzgado y, sobre todo, de disminuir la llamada “visibilización secundaria”:el recorrido a través de psicólogos, policía, abogados y jueces que tiene que hacer la víctima, reviviendo el episodio.“Muchas veces, es tan nocivo como el propio abuso, ya que lo natural es que desarrollemos mecanismos de defensa que nos hacen olvidar, y así estamos recordándolos continuamente”, explica Mena. La figura de la Casa del Niño proporciona un lugar seguro en el que el menor realiza una única declaración, en un ambiente que no impone y en compañía de un especialista en comportamiento infantil. Su actitud y respuestas son observadas por abogados, técnicos y jueces desde un cristal bidireccional. El juez da esa declaración por válida y no hay que repetirla: “Tú piensa lo que conlleva para un menor ir a un juzgado, lleno de personas muy serias, de negro, la Guardia Civil en la puerta...”

Aunque precisamente la andaluza es una de las comunidades pioneras en este tipo de protocolo orientado a menores:desde la Junta se establece un dispositivo junto con ONGs a través del que los niños realizan un recorrido similar, en las sedes de las organizaciones. En Márgenes y Vínculos, por ejemplo, es en su sede de la Plaza de Mina:“Nosotros trabajamos también en Canarias y Extremadura, y la diferencia es tremenda”, apunta Francisco Mena, que asegura haber visto, en estos veinte años de contacto con el tema, en torno a 10.000 casos de abusos. Frente a esto, al esperanza:“Si haces un buen abordaje, a ese niño o esa niña no le quedará ningún trauma. Si no se hace bien, va a estar cojeando toda la vida”.

Francisco Mena: "Si haces un buen abordaje, a ese niño no le quedará trauma"

Gran parte del tabú respecto al tema del maltrato y abusos a menores reside en el hecho de que el 80% de ellos se cometen en el ámbito intrafamiliar, uno de los factores que influyen en que estos casos tarden mucho en salir a la luz: “La madre tarda un tiempo en denunciar esa situación que es muy compleja para la unidad familiar –desarrolla Francisco Mena–. Luego, el abusador tiene al menor bajo su ámbito de influencia con sobornos, etc. , y la víctima es a menudo, por su edad, incapaz siquiera de verbalizar lo que ocurre. Son situaciones bastante complejas y difíciles de detectar en muchísimos casos. De hecho, muchas veces el análisis se queda en una zona gris de duda razonable:el decir, no tengo pruebas directas que señalen que se ha dado un abuso, pero yo no dejaría a este tipo llevar a mis hijos al parque”.

La futura Ley de Protección a la Infancia incluye otros aspectos urgentes que quedaban huérfanos, como la retirada de la patria potestad al homicida de un progenitor o los ciberdelitos: desde el acoso, el sexting o el fomento de actitudes lesivas. La edad también computará como causa de discriminación.

Uno de los puntos más celebrados de la normativa es la ampliación de la prescripción de delito. Junto con la certeza de verse protegido por el tabú social y el socorrido “son inventos del niño”, el abusador contaba con el comodín del tiempo: si en alguna ocasión la víctima podía reaccionar al respecto, probablemente ya sería demasiado tarde.“Lamentablemente, en muchos casos, cuando la víctima es consciente del abuso y de asumir lo que ha pasado, ya es tarde, aunque haya llevado ese dolor consigo durante muchísimos años, dejándole secuelas irremediables –desarrolla Mena–. Por ejemplo, los abusos a menores en el ámbito rural eran algo muy habitual, y ahora ya la sociedad está más alerta y sensibilizada”.

Javier Cuenca: "Hay formas de violencia que estaban asumidas y ahora ya no se conciben así"

“Cuando un niño o niña sufre violencia, muchas veces, hasta que es adulto no se atreve a asumir lo que ha pasado –comenta al respecto Javier Cuenca–. Antes, la prescripción empezaba a contar cuando la víctima cumplía 18 y el anteproyecto lo amplía a 30, aunque depende de la intensidad y el tipo de delito. Yen la enmienda, se intentará ampliar esa edad”.

Javier Cuenca define la relación del menor con su abusador como “una relación viciada de amor disfuncional: el adulto crea todo un envoltorio psicológico del que el niño o la niña no pueden salir. Muchos no recuerdan de adultos lo que ha pasado hasta que un día, les salta. Pero mientras les ha ido dejando impactos negativos en su psicología y relaciones, a veces con autolesiones y e intentos de suicidio”.

La puesta en marcha de la “Ley Rhodes” tendrá a nivel social un impacto similar al que tuvo la Ley de Violencia de Género. Un antes y un después en el que también hay que estar preparados para ver, como ocurrió con normativa de 2004, la profundidad del pozo. “El fenómeno de la violencia contra la infancia es como la punta del iceberg: los casos más extremos y escabrosos son por supuesto los que salen –continúa Cuenca–. Actitudes como dar un guantazo no se van a denunciar, pero cada vez van a ser peor vistas socialmente. Va a suponer un gran cambio a la hora de visibilizar el fenómeno”.

“Simplemente, cuando la Junta decidió extender el programa de abuso, empezaron a aparecer muchos más casos –apunta Mena–. Este no es sólo un problema del abusador y el abusado, sino de la sociedad en general. LA OMS dice que el 70% de los menores ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de abuso; el 80% de ellos, niñas”.