El 70% de los hogares gaditanos ve la TDT a seis meses del primer apagón

Los poco más de 50.000 habitantes de Soria fueron el verano pasado los conejillos de indias de la Televisión Digital Terrestre (TDT). La provincia castellano y leonesa, paradójicamente una de las más despobladas y olvidadas por las administraciones, fue hace un año el campo de ensayo del apagón analógico y de la entrada en la nueva era audiovisual. En pueblos donde hasta hace no muchos años no llegaba más que La 1 y La 2, descubrieron una oferta televisiva de más de veinte canales y dijeron adiós a los otros apagones, esos que se producían en días de tormenta. Luego le tocó, también de forma adelantada, a la región de Cantabria y ayer la transición a la tele digital se generalizó y arrancó en todo el país.

La primera fase se desarrollará hasta el 22 de julio y afectará a más de cuatro millones de ciudadanos. En Andalucía, los primeros en estrenar la TDT fueron ayer los vecinos de cinco municipios del norte de Huelva incluidos dentro de un proyecto técnico de transición no andaluz, sino extremeño (el de Fregenal de la Sierra, Badajoz).

Este inicio de la cuenta atrás analógica coge a la provincia de Cádiz en una situación aceptable. Según la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (Faitel), el 70% de los hogares gaditanos ya ha adaptado sus equipos y está preparado para recibir la señal digital. Este nivel de implantación es intermedio comparado con el resto de Andalucía, puesto que Huelva y Córdoba superan el 80% mientras que Sevilla o Málaga se encuentran aún al 60 ó 65%, según el director gerente de Faitel, José Manuel Muñiz.

El grado de adaptación va en consonancia con las fechas de desconexión de cada zona. Al margen del caso excepcional del norte de Huelva, las dos primeras áreas que tendrán sólo TDT serán Huelva (entorno de la capital y la costa desde Ayamonte a Matalascañas) y las comarcas norteñas de Córdoba cuya emisión procede del centro de Santa Eufemia.

En Cádiz, los vecinos de la Bahía de Algeciras serán los primeros que entrarán en la era digital televisiva porque dependen del centro de San Roque, incluido, como los anteriores, en la segunda fase del plan nacional. El cambio deberá hacerse antes de final de año, mientras que el resto de la provincia, conectada al repetidor de Jerez, deberá esperar a la tercera y última fase, que tiene como fecha límite el 3 de abril de 2010.

Si el nivel de adaptación es mejorable, también lo es la calidad de la emisión, ya que la provincia todavía arrastra deficiencias provocadas por interferencias con Punta Umbría y Marruecos. Curiosamente, a diferencia del sistema analógico, la abundancia de señales y de potencia no favorece la calidad de la imagen, sino que satura el descodificador y provoca el corte de la señal. Según José Manuel Muñiz, ayer mismo terminaron los trabajos en el centro emisor onubense "para evitar que este verano se produzcan problemas y para que disminuyan las interferencias". En cambio, la irrupción marroquí es más difícil de corregir porque es de tipo natural y se acentúa en verano: "Con el calor, la señal se comba y se acerca a la tierra, lo que hace que llegue a 40 ó 50 kilómetros de distancia", explica el gerente de Faitel.

Otro problema que preocupa a los instaladores es el intrusismo profesional. En la provincia hay casi 200 empresas autorizadas por el Ministerio de Industria para adaptar los equipos y pese a ello, "una de cada dos instalaciones de TDT está hecha por ilegales". Estos negocios captan a clientes a través de servicios que, a priori, son más baratos. Pero, como tantas cosas, lo barato sale caro y se instalan materiales "inadecuados y de baja calidad como equipos de banda ancha en vez de cabeceras modelares que tienen un límite de tomas y viviendas y no discriminan los canales, por lo que hay más interferencias". Además, al no estar certificados, "no dan el boletín de instalación, el protocolo de pruebas ni la factura, que son la base de la garantía obligatoria de dos años para futuras reclamaciones". Incluso, según Muñiz, se han dado casos de comunidades que han debido asumir un coste doble para reparar la mala adaptación, por lo que el perjuicio es triple: social, laboral y económico.