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El Gobierno limita una semana el precio de los hoteles en Grazalema, Jerez, Ubrique y Vejer

Los establecimientos no podrán incrementar sus precios respecto a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia

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Vecinos de Grazalema regresan a sus casas después de once días desalojados. / Julio González

El Consejo de Ministros ha acordado este martes, a propuesta del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, limitar el precio durante una semana de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido al tren de borrascas. En la provincia de Cádiz está limitación alcanza a Grazalema, Jerez, Ubrique y Vejer.

Los hoteles en los municipios donde sigue habiendo desalojados o realojados no podrán incrementar sus precios respecto a los que tenían el mes previo al inicio de la emergencia, ha explicado el Ejecutivo.

Se trata de municipios de cinco provincias diferentes: Cádiz, Granada (Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra), Jaén (Cazorla y Santisteban del Puerto), Málaga (Benaoján y Ronda) y Badajoz (Burguillos del Cerro y Medellín).

Esta limitación entra en vigor este miércoles y se extenderá hasta el día 25 de febrero como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo.

Es la primera vez que el Gobierno hace uso del real decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios.

El decreto permite al Gobierno topar precios de productos o servicios cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios como fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales o accidentes graves, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a esos productos y servicios.

En este acaso, se acuerda su aplicación para establecer una limitación de precios en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de 10 personas desalojadas y en los que estas representan al menos, el 0,1 % de la población del municipio.

Los establecimientos están obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son de manera transparente, habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

En el acuerdo, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.

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