La Fiscalía de Violencia de Género de Cádiz advirtió en 2024 de "problemas técnicos" con Cometa

La Memoria de la Fiscalía de Violencia Doméstica y de Género de Cádiz advierte que en el año 2024 se registraron "problemas técnicos" con Cometa, entidad encargada del seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y sexual. Las pulseras antimaltrato han sido el foco de una reciente polémica por los fallos detectados en estos dispositivos de protección a las víctimas frente a los agresores machistas.

Tal y como recoge el informe anual relativo a 2024, publicado recientemente, la Fiscalía de Violencia de Género de Cádiz señala su "esfuerzo continuo" sobre el control de las alarmas procedentes del centro Cometa. "Hacemos un seguimiento de ellas, pues somos conscientes de que extremar la vigilancia de éstas aumenta la protección de las víctimas", subraya.

En relación a las alarmas Cometa, apunta la memoria, en 2024 se incoaron en la demarcación de Cádiz 120 diligencias de investigación preprocesales y 94 en el área de Jerez, 214 en total, una cifra a las que habría que sumar todos los procedimientos judiciales en marcha.

En este punto, la Fiscalía de Violencia Género de Cádiz habla de una "dificultad añadida" provocada por "el cambio de titularidad de la empresa prestataria del servicio de seguimiento", pues, "en más ocasiones de las deseadas", prosigue, "al pedir como diligencia que nos remitan las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre la central Cometa y el investigado, nos han objetado diversos problemas técnicos abstractos impeditivos para descargar esos datos, lo que nos deja huérfanos de una prueba de relevancia para el enjuiciamiento de estas conductas", advierte la memoria de 2024.

No obstante, desde la Fiscalía de Violencia de Género de Cádiz añaden que estas incidencias en la migración de datos se han ido solventado, de manera que, en lo que va del presente año, no hay constancia de que esos fallos se hayan vuelto a repetir.

En este mismo sentido se ha pronunciado la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Cádiz. Desde este departamento de la Policía Nacional aseguran que no ha habido problemas con las pulseras antimaltrato. Se han registrado "incidencias leves" relativamente habituales, como la falta de cobertura. A veces ocurre también que la víctima o el investigado manipulan el dispositivo o lo dejan en otro sitio por diferentes motivos. En cualquier caso, no son circunstancias achacables a los medios telemáticos de control que ahora están en el punto de mira.

De otra parte, la Fiscalía de Cádiz avisa en su memoria anual relativa al pasado año que "la central Cometa deniega la instalación de dispositivos telemáticos de control a personas del entorno de la víctima en situación de riesgo", como puede ser el hijo de una víctima de violencia de género (violencia vicaria).

Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la provincia de Cádiz mantiene activos 4.376 casos con medidas de protección, de los que 2.419 tienen seguimiento policial. Se han instalado 130 dispositivos telemáticos, 78 para control de penas y 52 para controlar medidas cautelares.

La polémica por las pulseras antimaltrato ha estallado después de que la Fiscalía General del Estado aludiese, en su Memoria de 2024, a una incidencia en la gestión de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de órdenes de alejamiento por no disponer de los datos anteriores a marzo de 2024. Estos problemas, ocasionados al cambiar el operador adjudicatario del servicio de pulseras, condujeron a sobreseimientos temporales en algunos casos y a algunas absoluciones, según se señalaba en la Memoria.

Denuncias

Según datos del Punto Neutro Judicial (PNJ), una red desarrollada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de denuncias por violencia de género en Cádiz el pasado año se cifra en 6.215, lo que supone un incremento respecto a los dos años anteriores: 5.618 en 2023 y 5.777 en 2022.

La mayoría de las víctimas son mujeres de nacionalidad española. Una minoría acude directamente a los juzgados a denunciar (31 frente a 64 en 2023 y 52 en 2022). Las mujeres denuncian, sobre todo, ante la Policía o ante la Guardia Civil por atestado. El año pasado se contabilizaron 4.795 y en 4.253 casos fueron las propias víctimas las que dieron el primer paso. En 484 ocasiones la denuncia vino por la intervención directa policial. Por último, las denuncias promovidas por los servicios de asistencia y de terceros aumentaron de 655 a 1.150 el año pasado.

El balance de la Fiscalía de Violencia de Género de Cádiz apunta también a un incremento de las conformidades alcanzadas en sede judicial, lo que evita la celebración del juicio: 1.192 en 2024 frente a las 881 del año anterior.

"Sigue siendo un reto lograr la efectiva reparación a las víctimas y no cabe duda que un primer escalón es la satisfacción de las responsabilidades económicas estipuladas en sentencia, máxime cuando en la ejecución de la misma, en la mayoría de los casos, el acusado se declara insolvente", afirma la Fiscalía, que añade que "es necesario incorporar medidas aseguratorias durante el curso del procedimiento y profundizar en la ejecución con órganos también especializados y mecanismos adecuados para lograr la efectiva reparación de las víctimas, sus hijas e hijos", concluye.