La Fiscalía de Cádiz solicita 25 años y cuatro meses de prisión para un hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental en mayo de 2019 dentro su propio domicilio, en San Fernando, robarle después sus pertenencias y abandonar el cadáver, que no fue hallado hasta un mes después, pues la víctima vivía sola en uno de los pisos sociales que el Ayuntamiento isleño tiene en la Casa Micolta, en la céntrica calle Real. En julio de ese mismo año, el hombre fue detenido por la Policía en la barriada del Río San Pedro de Puerto Real. 

Manuela tenía 65 años cuando conoció al acusado. Ambos acudían asiduamente a almorzar al comedor social El Pan Nuestro de San Fernando, al que ella solía ir antes de conocerlo. Sin embargo, desde que empezaron frecuentar el comedor juntos, "el procesado no permitió que Manuela se relacionara o entablara conversación con nadie", afirma el fiscal.

El 11 de abril de 2019, la pareja se encontraba en el domicilio de Manuela cuando él le dijo que le iba a dar un masaje en la espalda, a lo que ella accedió confiada. Entonces, el encausado aprovechó para "agarrarla fuertemente del cuello hasta cortarle la respiración y casi hacerla perder el conocimiento", expone el escrito de calificación. "Cuando Manuela logró zafarse, el procesado le explicó que se había tratado de una broma, pero ella le pedió que abandonara el domicilio, a lo que él se negó". Acto seguido, Manuela le dijo al encausado que "no iba a seguir con la relación" y él respondió que "no lo iba a consentir y que la iba a seguir donde fuera". 

El 20 de abril de 2019, prosigue la Fiscalía, Manuela acudió al hospital de San Carlos para ser asistida por un derrame en el ojo derecho que sufrió al intentar liberarse de su pareja días atrás. El médico de Urgencias que la atendió dio aviso a la Policía, que se trasladó al centro hospitalario y luego acompañó a Manuela a presentar una denuncia, "aunque ella era renuente por el temor que sentía". La mujer facilitó a los agentes el número de teléfono del acusado, los policías lo llamaron si bien él respondió que "no iba a ir a Comisaría porque tenía cosas más importantes que hacer". Después dejó de contestar a las llamadas. 

El día de la denuncia, la Policía acompañó a Manuela a su casa, pues ella temía que su pareja tuviese una copia de las llaves de su domicilio y pudiera estar dentro o acceder en cualquier momento. Ese mismo 20 de abril, el encausado efectuó 41 llamadas telefónicas a Manuela; posteriormente lo haría una vez más el 27 de abril, otra el 30 de abril y una última vez el 3 de mayo. Todo esos días Manuela llamó  a la Comisaría después, "aunque ninguna de esas llamadas se llegó a concretar en conversación", especifica la Fiscalía. 

Entre los días 7 y 8 de mayo, ya fuera porque Manuela le franqueó la entrada, ya porque el procesado tuviera en su poder una copia de las llaves, éste entró en la vivienda y, con la intención de acabar con la vida de la mujer, se colocó encima de ella y la asfixió "probablemente con una almohada" al mismo tiempo que le provocó con su peso "una compresión torácico-abdominal". 

Según las conclusiones del fiscal, una vez consumado el crimen, el procesado registró la vivienda para apoderarse de cuanto hubiera de valor ella, no sin antes cubrir el cadáver con mantas y sábanas "para no tener que verlo". Mientras saqueaba la vivienda, el procesado bebió cerveza de una botella en la que después se halló su ADN. También se encontró su ADN en la funda de la almohada y en las colchas con las que cubrió el cuerpo sin vida de su pareja.

Tras matar a Manuela, sostiene la acusación pública, el encausado abandonó la vivienda, cerró la puerta y se llevó las llaves. Además, se apoderó del móvil de ella y lo hizo desaparecer para dificultar la investigación. También se deshizo de su terminal. El día 8 de mayo acudió a un Cash Converter y vendió allí todas las pertenencias que había robado a la víctima: cd's, libros, un secador de pelo, herramientas, una radio, un reloj de pulsera y un televisor LED. 

Llama la atención en este caso el poco tiempo que la pareja estuvo junta: poco más de dos meses. Según apunta la Fiscalía en su escrito de acusación, comenzaron en marzo de 2019 y el asesinato tuvo lugar a principios de mayo de ese mismo año.

También constan en las conclusiones provisionales del fiscal que una anterior pareja del procesado lo denunció el 19 de marzo de 2019 en la Comisaría de Policía de El Puerto por malos tratos. Aunque esta mujer acabó retirando la denuncia, relató a los agentes que sufrió un episodio de estrangulamiento muy similar al que padeció la víctima mortal de esta causa antes de fallecer.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a los hijos de la víctima en 70.000 euros.

Este caso será juzgado por un jurado el próximo mes de abril en la Audiencia Provincial de Cádiz.