La familia de Dolores Amaya inicia acciones contra la colchonería

La familia de Dolores Amaya, la joven de Conil de 25 años que murió apuñalada el pasado 14 de febrero cuando se disponía a cerrar la colchonería en la que trabajaba en Chiclana, va a emprender acciones contra el establecimiento.

Según ha adelantado a este diario el abogado de la familia, José Luis Ortiz Miranda, "hay una responsabilidad civil patronal" por parte de la empresa propietaria del establecimiento en el que trabajaba la joven conileña, Colchonería Koala S.L.

Y es que, según asegura el letrado, que representa a la madre y al hermano de Dolores (que ejercen la acusación particular en el procedimiento abierto contra Juan Manuel Jiménez Sánchez, conocido delincuente habitual de Chiclana de 24 años que confesó ante la Guardia Civil y delante de un abogado de oficio que le fue asignado ser el autor del apuñalamiento), la empresa de colchones, "no tiene suscrito el seguro de accidentes preceptivo, conforme al convenio colectivo del comercio del mueble". Ortiz Miranda explica que el empresario sólo tiene suscrito una póliza de seguros con una compañía que no cubre en este caso un atraco con resultado de muerte.

Además, asevera el abogado de la familia de Dolores Amaya que la joven "tenía un contrato a tiempo parcial de 30 horas semanales, en virtud del cual debía trabajar de lunes a viernes, de diez de la mañana a una y media de la tarde, y de seis a ocho de la tarde, aunque en la práctica la joven se veía obligada a realizar más horas, 45, sin recibir además remuneración alguna por ello".

En este sentido, el representante legal de la familia de la chavala apuñalada se ha apresurado a puntualizar que a Dolores Amaya "no la dejaban cerrar la baraja hasta las nueve de la noche, una hora después de que hubiera terminado su jornada laboral según estipulaba su contrato y justamente la hora a la que la sorprendió el delincuente que la mató". "La baraja metálica tenía que haber estado cerrada a las ocho de la tarde, no a las nueve de la noche, que es una hora más propicia para que sucedan episodios como el que le costó la vida a Dolores Amaya. Y en términos de responsabilidad se hubiera evitado el asesinato de la joven", enfatiza el abogado, para quien, así las cosas, "hay una responsabilidad de la empresa!". El abogado tiene previsto solicitar un acto de conciliación a la empresa, y en el caso de que no se llegue a un acuerdo, interponer una demanda civil para conseguir que la familia de la joven conileña reciba una indemnización.

En paralelo, la familia está a la espera de que concluya la instrucción del crimen, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Chiclana, y prevé que el juicio con jurado pueda celebrarse tras el verano. Su abogado estudia pedir entre 20 y 25 años por asesinato con ensañamiento (Dolores recibió tres puñaladas) y dos robos con violencia, por este atraco y el que perpetró en otro negocio de Chiclana antes.