La Confederación de Empresarios de Cádiz rechaza la imposición de peajes para circular por las autopistas y autovías de titularidad estatal, medida que se implantaría a partir de 2024 según el Gobierno central. La patronal gaditana asegura que es un castigo para las empresas y sostiene que de llevarse a cabo en toda España, "en Cádiz debería hacerse 25 años más tarde" en compensación por el retraso en levantar las barreras de la autopista AP-4 frente a otros territorios, donde se construyeron vías de alta capacidad gratuitas.

"No me niego a debatir como sociedad el modelo de pago de las infraestructuras. Pero me parece de risa plantear en la provincia de Cádiz plantear este sistema. De hacerse para toda España, en Cádiz debería implantarse 25 años después, por los años de más que hemos pagado en comparación con el resto de España", ha señalado el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas.

"Somos conscientes de que las infraestructuras se mantienen con nuestros impuestos. Pero no se deben crear impuestos ex novo que nos vuelvan a hacer desiguales cuando hace poco más de un año que nos han quitado el peaje, cuando todas las radiales están desdobladas y son gratuitas desde hace treinta años", ha agregado el líder de los empresarios gaditanos.

Para la CEC, la imposición de los peajes supondrían un lastre para la recuperación económica tras la pandemia. "A un enfermo no se le obliga a cargar sacos", ha expresado Sánchez Rojas, haciendo una analogía con la situación de las empresas y los consumidores.

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan Pascual. "Es una medida muy mala para el comercio, la industria y el turismo", ha señalado Ángel Juan Pascual, que considera que es "una provocación para Cádiz, después de la lucha que hemos mantenido contra el peaje tras casi cincuenta años pagándolo". "Es una aberración y supone de nuevo una barrera para el desarrollo de la provincia con más paro de España", ha insistido. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado por el Ejecutivo a Bruselas, recoge que el pago de peajes en autovía formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de “el que contamina paga” y “el que usa paga”.

Esta medida será tratada con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones, para implantarla en 2024. Aunque esta fecha fue matizada por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que este jueves aseguró que dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del económico anteriores a la pandemia de la covid-19.

El documento plantea inicialmente la imposición de peajes en la red de alta capacidad de titularidad estatal. En el caso de Cádiz, supondría el pago por circular por un total de 164 kilómetros, según el último catálogo de la Red de Carreteras del Estado publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). 

El tramo más largo corresponde a los 44 kilómetros de la antigua autopista de peaje AP-4 que discurren por la provincia de Cádiz, entre Puerto Real y el límite provincial situado cerca de la sierra de Gibalbín. Si la iniciativa entra en vigor en el formato actual, también habría que pagar peaje en los 36,4 kilómetros de la A-48 entre Tres Caminos y su finalización en Vejer.

Asimismo, sería necesario pagar por circular por los 24,5 kilómetros de la A-7S dentro de la provincia, situados entre Algeciras y Málaga. Si el proyecto sigue adelante, habría que pagar peaje por entrar o salir de Cádiz, salvo para circular a San Fernando.

El Mitma incluye dentro de la red de autovías y autopistas del Estado los siete kilómetros de la CA-35, que comprende el Puente de la Constitución de 1812 y la autovía de enlace con la AP-4. También entran dentro de esta catalogación la CA-33 entre San Fernando y Tres Caminos, y 2,3 kilómetros de la CA-36, los que transcurren entre el nudo del Polígono El Trocadero y el arranque del Puente Carranza. Asimismo, la red de alta capacidad del Estado incluye 2,5 kilómetros de la CA-32 -la duplicación de la antigua N-IV entre Valdelagrana y Puerto Real-.

El Gobierno insiste en que el sistema será “escalable y progresivo”, es decir, que se podría extender de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje. Pero la Junta de Andalucía ya expresó este jueves su rechazo total a la medida, según indicó la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que aseguró que la administración regional garantiza que “no se va a pagar ni un solo euro” en las vías de competencia autonómica.

La progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, el Ejecutivo central defiende que se determinarán tarifas “asumibles pero que garanticen la financiación”. Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) estiman que un peaje de entre tres y cinco céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que acumula la conservación de las carreteras según sus cálculos. Con un coste de cuatro céntimos por kilómetro, el desplazamiento entre Sevilla y Cádiz costaría unos cuatro euros.