La economía sumergida hunde el transporte de mercancías de la provincia

"¿Por qué las empresas de la provincia no exigen a quienes le recogen la mercancía la ITV y seguro al corriente como se hace en la base de Rota? Todos los días recogen mercancía camiones con menos papeles que un indio. Los que estamos legales no podemos más". Este comentario insertado en un periódico digital por un transportista de la zona expresa la desesperación a la que está sometido un sector que, poco a poco, se va abandonando a la economía sumergida. Antonio Gutiérrez, presidente de la Asociación de Transportistas de la provincia, cifra en un 40% la circulación de 'piratas' dentro de las ciudad. "Estamos al límite. Somos un sector estratégico, uno de los pocos que puede paralizar un país y la Administración nos lo paga asfixiándonos con sanciones".

El caso de Manuel F. es ilustrativo. Es un transportista legal con veinte años en el camión, pero lleva casi dos meses sin coger un porte, uno de los aproximadamente 800 transportistas de la provincia que están al borde de la bancarrota. Logra uno en una pedanía de la Janda, un cargamento de naranjas que tiene que llevar a Portugal, entrando por la frontera de Huelva. Propone una tarifa a la desesperada por hacerse con el porte, 300 euros. Descontando el combustible, impuestos y seguros, está trabajando al límite del beneficio. Ganará limpios unos 60 euros por dos días de trabajo. A la altura de Ayamonte, ya casi llegando a destino, revienta una de las gomas, lo que es normal, ya que no ha tenido el dinero suficiente para cambiarlas. Coloca la rueda de repuesto a toda velocidad, pero lleva su tiempo. Justo en la frontera, es detenido por la Guardia Civil, que inspecciona el tacógrafo. Lleva cinco horas conduciendo, ha sobrepasado en media hora el tiempo que le permite la normativa. Son 1.500 euros de multa. Manuel F. acaba de ser expulsado del sector. Renuncia a ser autónomo. Su única posibilidad, a partir de ahora, será buscarse la vida sin papeles.

Daniel Paradas es adjunto a la gerencia de Transportes Vega, una empresa familiar del sector establecida en San Roque y especializada en cisternas y contenedores. Forma parte del 20% del tejido sectorial de la provincia que es una sociedad, ya que el resto está compuesto por autónomos, al contrario que en el resto del país, donde dominan las sociedades por encima de los autónomos, lo que hace a los transportistas de Cádiz mucho más vulnerables. Según Paradas, la crisis del sector ha funcionado como una espiral: "La crisis de la construcción arruinó al transporte especializado. Supuso cientos de despidos y empresas que quebraron. Eso provocó una batalla de precios por hacerse por los pocos portes, una batalla en la que competían transportistas que habían sido expulsados por la crisis del negocio y que dejaron de cumplir la normativa, y el fenómeno contagió al resto de las mercancias. En la actualidad, con un incremento de un 10% de los costes, principalmente por la subida del combustible, nosotros nos vemos obligados a tener las tarifas congeladas, no podemos aplicar ni el 3% del IPC".

En junio de 2008 el combustible fue la causa de una huelga nacional del transporte, que llegó a poner en peligro el abastecimiento. El conflicto estalló cuando el litro de gasoil alcanzó los 1,31 euros. En la actualidad, el diesel normal se encuentra a una media de 1,27, pero la extrema debilidad del sector no augura nuevas protestas. "Estamos desmoralizados. En 2008 -explica Gutiérrez-, el barril de Brent se pagaba a 136 dólares, en la actualidad se paga a 100 y, sin embargo, el precio final es prácticamente el mismo. ¿Dónde se va esa diferencia? Esencialmente en impuestos. El impuesto es casi cinco veces el coste del combustible. Está en manos del Gobierno apoyar al sector, pero no, no se hace. Lo más que hemos conseguido arrancar es una reducción del importe de las multas".

Y es que el importe de las multas, como en el caso explicado antes, puede poner al borde del abismo a un transportista. Un 15% de exceso de peso se castiga con 3.300 euros, cuando es posible que ese exceso haya sido impuesto por el cliente, pero lo paga el transportista. Una confusión en el disco del tacógrafo son más de 2.000 euros. Una empresa de la provincia ha sido sancionada con 18.000 euros en los 34 partes realizados por exceso de tiempo de conducción, si bien esa conducción se realizaba en un recinto cerrado y sin peligro para la seguridad vial... "No pedimos que no se cumpla la ley, todo lo contario -dice Gutiérrez-, pero sí que los castigos no sean desproporcionados".

La semana pasada la Dirección General de Tráfico llevó a cabo una campaña especial con el objetivo puesto en los camiones. Pararon a 4.000 en toda Andalucía en siete días. Aunque enfocada a la seguridad vial, también se quería controlar que todo lo que circulara por las carreteras fuera legal. De hecho, se pidieron 4.000 albaranes de control de carga, se revisaron tacógrafos, se controló el peso... Hay algo que preocupa. El número de accidentes descendió en 2010 en todo tipo de vehículos excepto en los camiones. 36 accidentes con camiones implicados en Andalucía en 2010 supusieron nueve víctimas mortales y dos heridos graves. Tráfico no descarta que entre esos motivos pueda estar la creciente precariedad del sector. Cambiar una rueda de un camión puede costar en torno a 350 euros. Hay transportistas que tienen tal asfixia que no llegan para hacer un mantenimiento correcto de su vehículo. El Observatorio del Mercado de Transportes de Fomento, en su estudio sobre reparto de costes del transporte, sitúa lo ideal en un 33% dedicado a combustible y un 10% dedicado a reparaciones, mantenimiento y neumáticos. Gutiérrez asegura que ese porcentaje no es real, "el combustible se puede llevar el 60%". Y eso hay que recortarlo de los otros porcentajes. Si el transportista decide hacerlo del 6% del seguro o del 2% de los costes fiscales, nos encontramos con otra puerta abierta a la economía sumergida.