Los dueños de Rumasa recuerdan que el cobro de pagarés lo marca el Juzgado

Los nuevos propietarios de Nueva Rumasa -la sociedad Back in Business, vinculada al empresario valenciano Ángel de Cabo- supeditaron ayer el cobro de los pagarés emitidos por las sociedades del grupo en suspensión de pago o en preconcurso a las decisiones y plazos que determinen los jueces y administradores concursales, por lo que aseguraron que hasta que no haya sentencia firme de resolución de los procedimientos no se puede realizar ninguna estimación de pago a los inversores.

Los plazos estarán marcados "necesariamente" por el calendario judicial, explicó Iván Losada, director general y portavoz de Nueva Rumasa, quien aseguró que "nuestra intención es, ante todo, aportar nuestra experiencia en la canalización de cada reclamación para intentar garantizar que sea aceptada por la administración concursal correspondiente a cada empresa y que ningún inversor se vea perjudicado por algún defecto formal o procesal".

El portavoz de Nueva Rumasa detalló que los inversores se encuentran con dos posibles escenarios. El primero de ellos sería en caso de que la sociedad emisora estuviera en situación concursal, circunstancia en la que se revisará conjuntamente con los propietarios la documentación relativa a los créditos remitida al juzgado para confirmar que esté cumplimentada de manera correcta en plazo y forma.

De no ser así, el inversor podrá contar con asesoramiento personalizada por parte de un experto de Back in Business sobre la documentación y trámites necesarios para el correcto reconocimiento de su deuda, apuntaron desde la sociedad propietaria de Nueva Rumasa.

Y en el caso de sociedades emisoras de pagarés en situación de preconcurso, Back in Business advierte a los inversores del plazo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del estado (BOE) del auto del concurso para entregar la documentación necesaria al juzgado correspondiente, asesorando en todo momento al tenedor en este proceso.

Back in Business ha puesto en marcha el procedimiento de atención a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, con lo que la empresa de Ángel de Cabo cumple uno de los compromisos adquiridos al hacerse con el grupo de la familia Ruiz-Mateos y sienta las bases necesarias para preservar los derechos de los acreedores en relación a su crédito y que así se les reconozca el mismo de manera "adecuada" en la sociedad que les corresponda.

Según los datos facilitados por la familia Ruiz-Mateos, Nueva Rumasa captó 250 millones de euros a través de las diferentes emisiones de pagarés, que suscribieron unos 3.000 inversores particulares.

En torno a un centenar de estos inversores están personados en la querella admitida a trámite por la Audiencia Nacional, que investiga a José María Ruiz-Mateos, su esposa Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, delito contra los consumidores y administración desleal.