Hace muchos años, en un histórico juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz, un abogado le preguntó a un testigo: ¿Está autorizado un militar que recibe una orden para discutir, enjuiciar o distinguir si esa orden es un disparate? La respuesta fue rápida. "No sólo está autorizado, sino que ésa es su obligación", contestó el entonces ex jefe del Gobierno Manuel Azaña.

La Operación Obra Nueva, la legalización masiva de viviendas construidas ilegalmente en Chiclana y en El Puerto mediante un método tan limpio, tan perfecto, tan poco oculto que hasta se realiza con documentos notariales y pasa por registros de la propiedad, evoca aquella pregunta y aquella respuesta tras los juicios que han sentado en el banquillo al arquitecto Joaquín Pallí.

¿Están obligados los notarios y los registradores de la propiedad ante quienes se pretende declarar una obra nueva o practicar la parcelación de un terreno a distinguir si se trata de un disparate? ¿Están obligados a velar por la legalidad urbanística y por ello a ser escrupulosos a la hora de dar paso a una inscripción?

El arquitecto Joaquín Pallí suma cuatro condenas (sólo una firme) por falsificar certificados de antigüedad de construcciones. Es el primer paso que dan los dueños de un terreno para iniciar el proceso que les llevará a legalizar lo ilegal. Ese certificado afirma, falsamente, que en un terreno hay una construcción que tiene más de cinco años, lo que supone que ha prescrito la infracción urbanística. Los propietarios del terreno acuden a una notaría con ese certificado, hacen una declaración de obra nueva y, tras obtener un documento notarial, la inscriben en un registro de la propiedad. Así, en poco tiempo y por un precio, lo que era ilegal ya es legal.

Eso ha ocurrido en varios cientos de casos sin que saltasen las alarmas ni en las notarías ni en los registros de la propiedad. En algún caso, resulta muy difícil entender qué fue lo que evitó frenar el proceso. Por ejemplo, en el caso por el que el pasado miércoles iba a ser juzgado de nuevo Joaquín Pallí.

Según el fiscal, A., dueño de un terreno ubicado en Chiclana, en la Dehesa Boyal, contrató a Pallí para que le hiciese un certificado de antigüedad de una vivienda. El arquitecto hizo el certificado en enero de 2007 de la finca propiedad de A., según anota el propio arquitecto.

En el certificado consta que en la finca número 43.608 hay "una edificación compuesta por varias construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada de una planta sobre rasante". También que la edificación tiene "una superficie total de 640 metros cuadrados construidos, perfectamente distribuida en varias dependencias y servicios y en buenas condiciones de uso y conservación". Finalmente, que a la edificación "se le estima una antigüedad de 5 años".

A. acudió con ese certificado, en el que dice que la finca es suya, a una notaría para hacer una declaración de obra nueva e inscribirla en el registro de la propiedad. El documento notarial que obtuvo está fechado en Chiclana el 23 de febrero de 2007. En él consta, en primer lugar, que A. es dueño de la finca 43.608. Y aparece entonces la primera sorpresa: que como título, A. aporta el de compra de esa finca a otra persona, "mediante escritura de fecha de hoy, autorizada por el infrascrito notario".

A. acaba, pues, de comprar la finca cuya propiedad le atribuye el certificado del arquitecto. Una finca que el notario, extrañamente ajeno a la ubicación de la Dehesa Boyal, menciona como "urbana".

El documento notarial continúa. Y pasa a hablar de la edificación que se levanta en la finca 43.609. El notario explica entonces que el compareciente. A., "con dinero de su peculio privativo, sin adeudar nada por materiales, mano de obra ni dirección, sobre la finca de su propiedad, a que se refiere el exponendo I de esta escritura, hace más de cinco años construyó una casa destinada a vivienda".

El lector del documento se siente obligado, al topar con ese párrafo, a volver a la página anterior. Efectivamente: allí dice que A. acaba de comprar la finca en la que ahora, en la siguiente página, dice que "hace más de cinco años" construyó la casa destinada a vivienda.

La casa en cuestión, precisa a continuación el documento notarial, tiene una superficie total de 640 metros cuadrados y está valorada en 269.253 euros. "Dicha cantidad, según manifiesta el declarante, ha sido abonada mediante varios pagos en efectivo desde que se inició la construcción hasta que finalizó en el año dos mil uno a diversos proveedores", agrega el documento notarial, que menciona después el certificado expedido por el arquitecto Joaquín Pallí, con el que A. acredita que la edificación fue terminada hace más de cuatro años.

Tras otras anotaciones, el notario escribe finalmente que, como no consta en el registro de la propiedad anotación preventiva alguna sobre algún problema urbanístico con la finca y como ha transcurrido el plazo legal de prescripción para las infracciones urbanísticas graves, la edificación se considera incorporada al patrimonio de su titular.

La historia podía haber terminado ahí. Pero ocurrió que el Juzgado número 3 de Chiclana abrió un procedimiento en 2008 contra A. y contra Joaquín Pallí relacionado con la finca 43.608. Y entonces sucedió que salió a la luz que el 23 de febrero de 2007 hubo un tercer episodio en la notaría a la que acudió A. para inscribir su obra nueva.

Lo que sucedió fue que la juez del Juzgado Mixto número 3 de Chiclana consideró oportuno solicitar al registrador de la propiedad que hiciese una anotación preventiva sobre la finca 43.608: le pedía que hiciese constar que había un procedimiento penal que afectaba a ese terreno. El objetivo era frenar así cualquier operación de compraventa o de otro tipo relacionada con la finca en tanto no fuese resuelto el caso.

El registrador le contestó a la juez en octubre de 2008. Le dijo que no admitía la inscripción que solicitaba. Porque aportaba datos insuficientes y "por considerar que los defectos apreciados en esta nota de calificación tienen carácter subsanable".

Al tiempo, le comunicó también a la juez, "a efectos informativos", algo realmente jugoso: que la finca 43.608 había sido dividida horizontalmente en ocho departamentos que figuraban inscritos como fincas independientes. Y que eso había sido realizado en virtud de una escritura otorgada en Chiclana el 23 de febrero de 2007, ante un notario: ante el mismo notario al que acudió ese mismo día A. a inscribir su obra nueva, su vivienda de 640 metros. Los departamentos resultantes, agregaba el registrador, habían sido transmitidos a personas distintas de los imputados.

Una foto tomada de Google en 2008 muestra la finca 43.608: está dividida en ocho parcelas y en dos de ellas se levantan dos chalés.

El juicio sobre este caso ha pasado de la Audiencia a un Juzgado de lo Penal. En el banquillo se sentarán A. y el arquitecto Joaquín Pallí.