Las diputaciones reclaman poder destinar el superávit a planes que generen empleo

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha explicado, tras participar en Castellón en la Comisión de Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ese foro ha decidido reclamar al Gobierno de España una serie de medidas que, en resumen, buscan resolver un problema común: volver a ser consideradas como "parte imprescindible del Estado".

Las diputaciones, dijo Irene García, no quieren quedar relegadas en asuntos capitales como la capacidad de decidir el destino de inversiones (en asuntos de su competencia) y piden participar en el diseño de la financiación de las instituciones públicas, fortalecer el presupuesto de los planes provinciales de obras y servicios y ser incorporadas en la planificación de los fondos estructurales e inversiones europeas.

Las reivindicaciones de las diputaciones se expresan en dos documentos recientemente adoptados: la declaración aprobada en la tercera Conferencia de Diputaciones celebrada en Segovia, así como un informe plasmado por la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Irene García ha cifrado en más de 7.000 millones de euros el superávit acumulado de las diputaciones españolas. Un resultado que, a su juicio, acredita que son administraciones que han cumplido, con rigor, la legislación sobre contención del gasto y que han gestionado con eficacia y suficiencia los recursos públicos.

Ahora, dijo García, en otro contexto más propicio, "reclamamos al Gobierno de España poder reinvertirlo en la ciudadanía -con actuaciones generadoras de empleo- y en nuevos servicios públicos". Se trata además, añadió, de una cuestión que puede resolverse mediante una decisión política del ejecutivo central, que no debe estar vinculada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Otra de las conclusiones adoptadas en el seno de la FEMP se refiere a los planes provinciales de obras y servicios, que es uno de los principales instrumentos de obra pública gestionado por las diputaciones. En concreto, se reclama al Gobierno de España que recupere las aportaciones que antes de la crisis destinaba a dicho plan.