La Diputación de Cádiz transferirá 65 millones de euros a los más de 40 ayuntamientos que encomiendan la gestión de sus tributos al Servicio Provincial de Recaudación. El Pleno, en la sesión celebrada el 20 de diciembre, aprobaba por unanimidad esta iniciativa que se resuelve gracias a la adopción de pólizas con las siguientes entidades financieras, tras la consulta y evaluación resueltas por la Tesorería de la institución provincial: Unicaja (con la que se suscriben 21,5 millones de euros), Cajamar (12,5), Caja Rural del Sur (10,5), Cajasur (7,5), Caixabank (7,5) y BBVA Argentaria (5,5). Estas operaciones no comportan carga financiera y se cancelarán en el curso del año 2024, según expuso ante el Pleno el vicepresidente primero de Diputación, Juancho Ortiz.

Gracias a esta medida los ayuntamientos disponen de liquidez para sus diferentes obligaciones económicas, sin necesidad de aguardar a los periodos de liquidación de los impuestos municipales. El fondo, por tanto, es un anticipo sobre los ingresos tributarios que gestiona Diputación a través del Servicio Provincial de Recaudación que coordina el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo.

Los 65 millones de euros que se van a concertar son una previsión inicial que, en caso de necesidad, puede revisarse en el curso del próximo ejercicio. Los anticipos que se requieren se estiman sobre la recaudación prevista en dos figuras tributarias: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Para ambos conceptos se contemplan unos ingresos de 230 millones de euros; la actual legislación permite concertar anticipos con el límite del 75% de la recaudación prevista. En virtud de este tope, Diputación puede elevar las pólizas hasta los 172,5 millones de euros, si bien las necesidades existentes se pueden resolver con los 65 millones ya validados por el Pleno.

Esta operación y la posterior gestión tributaria de Diputación, conforme a la encomienda de los ayuntamientos a favor del Servicio Provincial de Recaudación, propicia que estas haciendas municipales dispongan de suficiente liquidez para financiar sus obligaciones económicas y sostener servicios públicos todos los meses del año, sin necesidad de recurrir a operaciones de tesorería que supongan costes o endeudamiento.