Al inicio de la crisis bancaria de 2008 se lanzó un mensaje desde el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Venía a decir que podíamos estar tranquilos porque nuestro sistema bancario era el más regulado del mundo y no podría suceder lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Un año después la banca se desmoronaba. Sus activos estaban podridos de material deteriorado. Desaparecieron las cajas de ahorros y el Estado tuvo que aportar 62.295 millones de euros desde 2009 a 2015 para salvar el ‘mejor sistema bancario del mundo’.

Esta cantidad está íntimamente relacionada con esta nueva crisis, que tiene un origen totalmente distinto. Cuando en enero se conoció el brote del covid-19 en China se observaba con curiosidad los movimientos para detener la epidemia. Nos parecía lejano, pero es que además no había nada que temer “porque el sistema sanitario español era el mejor del mundo”. El mejor del mundo. Nos hemos cansado de escucharlo durante años. Eso y lo de la joya de la corona. Pero cuando la epidemia llegó a España nuestro sistema de salud, el mejor del mundo, no estaba preparado. Naufragó.

En una entrevista con este medio, la gaditana Marisol Ferreiro, directora médica del hospital italiano de Ancona, que está viviendo en primera línea de fuego el drama italiano, afirmaba que “en España la situación es peor que en Italia, sobre todo es una auténtica vergüenza en las condiciones que trabaja allí el personal sanitario. Aquí, en Italia, el trabajo es difícil, lo pasamos mal pero hay protección. Lo que veo en España no lo he visto aquí jamás. Es una auténtica barbaridad, al menos en mi hospital”.

No hay motivo alguno para continuar con el patriotismo sanitario. La ola del covid nos pilló sin mascarillas, sin respiradores, sin batas, con un personal escaso. Las escenas de profesionales sanitarios fabricándose batas con bolsas de basura y utilizando portafolios transparentes como pantallas de protección daban muestra de la indefensión. Los mandos políticos han tratado de acallar a los profesionales en un ejercicio patético. Que el 14% de los contagiados conocidos, ya que tampoco ha habido margen de maniobra para hacer tests masivos como han hecho en Corea o en Alemania, sea personal sanitario es el resultado de esta falta de previsión. En Italia ese porcentaje es del 8% y en China alcanzó sólo al 3,8%. La pasada semana conocimos que en la provincia de Cádiz casi uno de cada cuatro contagiados, un 22%, era personal sanitario. Los datos eran de la propia Junta.

Por suerte y no por otra cosa, Andalucía, y especialmente Cádiz, no ha sido golpeada con la virulencia de otras zonas por esta desgracia mundial. Nos va a dar tiempo a reaccionar y ayer la Junta reaccionó con el que han llamado Plan 9.000. Pero es inevitable pensar qué hubiera pasado si no hubiera sido Madrid, sino nosotros (podíamos haberlo sido, la celebración del Carnaval en Cádiz estuvo en el filo de la expansión), quienes fuéramos la zona cero.

Hace tiempo que la sanidad dejó de ser la joya de la corona. Durante los años 90 y los primeros años del siglo XXI España se dotó en muy poco tiempo de una sistema sanitario moderno, efectivo y de atención universal. Después de aquella factura de 62.000 millones a los bancos y las imposiciones de Europa sobre el déficit para no ser una economía pilotada por Europa, se sacrificó lo que se había construido hasta entonces. En 2011 el gasto público en Sanidad suponía el 6,5% del PIB, Una década después se ha reducido un punto y se encuentra en torno al 5,5%, según consta en las estadísticas de Gasto Sanitario Público. Un punto del PIB es una caída notable en las prioridades.

Dentro de esas cifras globales, el deterioro en Andalucía durante los últimos años de gestión socialista le llevó a ser la comunidad con menos gasto sanitario por habitante. En 2019 ese gasto fue de 1.153 euros por cada andaluz, lo que es cierto que supone un mayor porcentaje del PIB, un 6,2%, que en la media española. En España se gasta de media por habitante en sanidad 1.370 euros. Una diferencia de más de 200 euros. Es un 17% menos que la media de los países de la OCDE. Para el siguiente ejercicio el ejecutivo de Moreno Bonilla quiso corregir en algo la situación y por primera vez, a lo largo de este año, el presupuesto sanitario supera los 10.000 millones.

En los ratios también nos hemos ido quedando atrás. Andalucía cuenta con tres médicos por cada mil habitantes, una de las cifras más bajas de España, que ya de por sí ha ido perdiendo peso. En el informe anual de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud España se desplomó en su ratio de médicos por habitante pasando del puesto 7 al 20. Grecia, Portugal, Italia y Alemania están por delante de nosotros. Pero los problemas no son tanto los médicos, sino los enfermeros. En enfermeros por cada mil habitantes aún estamos peor en este índice. Hay 58 países por delante nuestra. También Andalucía sale muy mal parada en camas hospitalarias por habitante. Cuenta con 2,1 por cada mil habitantes, según el portal estadístico de Eurostat, al mismo nivel que Túnez. Japón, la que más tiene del mundo, cuenta con 13,4 por cada mil habitantes. Cádiz, con sus conciertos con Pascual, tiene un mejor ratio, pero no la situarían mucho más arriba en el ranking.

No se corrigió esta situación ni siquiera cuando los tiempos fueron un poco mejores. En 2015, el último año del agujero de la crisis financiera, Andalucía tenía 219 camas por cada cien mil habitantes. En 2019, en la supuesta recuperación, tenía 217. Dos menos.

Todos estos datos y más pormenorizados obraban en poder del presidente Moreno Bonilla cuando llegó a la presidencia de la Junta y quiso que hubiera un cambio de tendencia y reforzar el sistema sanitario. Era un clamor su deterioro. Se habló de planes de choque en las listas de espera en intervenciones quirúrgicas, que, supuestamente, durante la gestión de Susana Díaz, no existían o eran de escasa importancia. Los socialistas tenían en su sistema de salud el eje de su discurso, pero lo que valía para diez años antes difícilmente lo era para el momento en que dejaron el poder. El discurso de los socialistas para seguir sosteniendo la bondad del sistema sanitario se basaba en una fórmula de eficiencia, es decir, no eran necesarias más camas hospitalarias, sino un sistema que redujera la hospitalización.

Uno puede pensar que nadie se podía esperar una pandemia de estas características. Pero lo cierto es que sí se había pensado. Tras el brote de gripe A, siendo ministra Trinidad Jiménez, se elaboró una ley y esa ley se aprobó en el último suspiro del gobierno Zapatero. Es la Ley General de Sanidad Pública de 2011. En ella se desarrollaba la acción de vigilancia epidemiológica y salud comunitaria. Es una ley que jamás se desarrolló, nadie le prestó la más mínima atención. Hoy hubiera salvado vidas.

En 2011 el nuevo Gobierno de Rajoy estaba en otras cosas. Recortar gastos. Andalucía lo hizo. Se buscaron soluciones imaginativas para reducir gastos en las compras. La subasta de medicamentos fue lo más conocido de esa política andaluza. Comprábamos medicamentos a extraños laboratorios al mejor postor. Cuando un andaluz acude a una farmacia de Madrid a pedir un medicamento recetado por el SAS es muy frecuente que el farmacéutico ni siquiera haya escuchado la marca en su vida. Frente al sistema de central de compras, la Junta estableció la puja. El médico receta un principio activo y el farmacéutico le entrega no un genérico, sino el medicamento del ganador de esa subasta, el que ofrece el precio más bajo. Esto valía para todo, también para las mascarillas.

Lo generalizado en la Sanidad española es la dependencia de fabricantes extranjeros. El modelo de país que nos dejó la crisis financiera ahogó la investigación, y con ellos las patentes, pero también cualquier atisbo de la instalación de una industria sanitaria sólida.

Mientras, se aparcaban o se demoraban inversiones hasta tal punto que un hospital como el de La Janda, pensado a finales de los 90, no fue inaugurado por ellos. Ni a eso llegaron a tiempo. En cuanto al gran hospital provincial, cuyo cartel amarilleaba en la parcela prevista de Cádiz, se le echó tierra encima cuando la burbuja dejó de hacer atractivo el canje del obsoleto Puerta del Mar, en plena avenida.

El nuevo Ejecutivo de Moreno Bonilla tuvo que corregir cuentas, inyectar dinero de otros departamentos. Pero las cuentas no salían, el personal era escaso. Aquel fracaso se materializó en la destitución de Miguel Moreno como gerente del SAS entre una oleada de protestas de los sindicatos sanitarios a causa de la falta de personal y las bajas no cubiertas. Miguel Moreno nunca estuvo bien visto al frente del SAS. Su pasado le delataba. Había pilotado los recortes sanitarios en Castilla La Mancha bajo la presidencia de Dolores de Cospedal y los sindicatos de médicos y de enfermería le tenían ‘fichado’. Su sustituto, Miguel Ángel Guzmán, médico antes que gestor, de un perfil muy distinto, se estrenó con una carta a los profesionales en las que venía a prometer otro trato. No le ha dado tiempo a gran cosa. No llevaba tres meses en el cargo y le ha llegado el coronavirus.

Las cuentas que se hace el movimiento ciudadano Marea Blanca, que en Cádiz lidera el doctor Antonio Vergara, es que en Andalucía en diez años se han perdido 8.000 profesionales y hay 9.000 millones de euros acumulados menos que en 2008. Avisos hemos tenido en cada pico alto de las epidemias estacionales de gripe, cuando las urgencias se colapsaban pese a la articulación de los planes de alta frecuentación. En esta situación de vulnerabilidad, a lo que se añadió la falta de previsión pese a la cercanía del peligro, el mejor sistema sanitario del mundo enfrentó el golpe de la ola. Salud tomó el mando y centralizó las compras desde Madrid, pero desde hace años los canales de distribución de compras funcionan a través de las comunidades autónomas. Salud no controla esos canales. El resultado es el conocido. Y así fue cómo, al igual que supimos que no teníamos los bancos más regulados del mundo, ahora hemos descubierto la bisutería en la joya de la corona.

Sólo el tesón de unos profesionales incansables, que llevan años trabajando duro pese a los recortes y a la precariedad laboral, sin medios, avisando en sus manifestaciones de que las cosas no funcionaban, está acolchando el golpe en mitad del caos. Ellos, y no el sistema, son la joya de la corona.