El juicio a los ex concejales del PP de Sanlúcar arranca el martes

Dos ex concejales del PP de Sanlúcar, Rafael Rubio y Marco Antonio Caballero, se sentarán el martes en el banquillo de los acusados por participar supuestamente en la emisión de facturas falsas en el ejercicio del año 2002 -cuando formaban parte del equipo de gobierno- para apoderarse de caudales públicos, según recoge el fiscal Anticorrupción en su escrito de calificación.

Rafael Rubio, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar en el momento de los hechos, está acusado de dos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos en concepto de autor, y de falsedad continuada en documento mercantil en concepto de inductor, solicitando la Fiscalía la pena conjunta de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta.

Marco Antonio Caballero, delegado de Hacienda y ordenador de pagos del Consistorio sanluqueño a la fecha de los hechos, está acusado igualmente de dos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público pide la misma pena de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta.

En esta causa también está implicado el que en 2002 era el interventor del Ayuntamiento de Sanlúcar , Isaac Bobillo, que será procesado -al igual que los ex concejales populares- por dos delitos de prevaricación y malversación continuados, solicitando el fiscal otros cinco años de prisión y ocho de inhabilitación

Además de estos tres responsables municipales, se sentarán en el banquillo cuatro personas más: una auxiliar administrativo del Consistorio y los representantes legales de tres empresas desde las que se emitieron facturas falsas por un importe total superior a los 15.600 euros. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cada uno de ellos.

En las conclusiones provisionales el Ministerio Público recoge que en el ejercicio del año 2002 se emitieron una serie de facturas por los representantes legales de las empresas Documentos Electrónicos Digitales, S.L., Gelp Micro, S.L. y Europa Corporación de Gestión, S.L. "motivadas por asesoramientos técnicos ficticios, las cuales iban encaminadas a apoderarse de caudales públicos". Dichas facturas fueron emitidas, unas, con la connivencia del que fue alcalde de Sanlúcar, Juan Rodríguez, "contra quien no se dirige acusación al encontrarse fallecido"; otras, con la connivencia del teniente de alcalde Rafael Rubio. Ambos cargos políticos encargaban ficticiamente distintos trabajos. Seguidamente, el delegado de Hacienda Marco Antonio Caballero, "a sabiendas de que no cumplían los requisitos legales para su abono, emitían los correspondientes mandamientos de pago. En algunas de las facturas emitidas se contó a su vez con la estimable colaboración de la auxiliar administrativo R.G.P., quien con su firma aparentaba ser técnico que acreditaba la realización del trabajo ficticio".