Muy poco a poco, la madeja se ha ido desenredando, para hallar al término del ovillo, lo mismo. Y los mismos. Muchas operaciones policiales se han sucedido en los últimos años contra el urbanismo ilegal en El Puerto, aunque hasta ahora, parecían ir en paralelo, sin una conexión clara. Hasta que, en febrero de 2010, la Operación Tequila de la Guardia Civil dio con la tecla. Saltaba a la luz lo que muchos denunciaban desde hacía años: que había una trama perfectamente organizada que funcionó, y muy activamente, durante los últimos años de Gobierno de Independientes Portuenses.

De hecho, la propia Guardia Civil hablaba de que acaba de desmantelar una organización dedicada a la especulación urbanística. De modo textual, en nota oficial, el Cuerpo señalaba que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto entre 2004 a 2007 concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las actuaciones serían legales al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano o aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".

En la operación, tutelada por el Juzgado 1 de El Puerto, fueron 11 personas imputadas en principio. Al frente, situaban a cuatro personas que manejaban todos los hilos necesarios: nada menos que al ex alcalde, Hernán Díaz, que tuvo que dejar la Alcaldía en julio de 2006 al ser inhabilitado por un delito de prevaricación (por nombrar a dedo al jefe de la Policía Local), su edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y dos técnicos del Área de Urbanismo, el jefe de Licencias, Fernando Jiménez Fornell, y su novia, Milagros Trigo, delineante del Servicio de Infraestructuras de Urbanismo. Ella era la que figuraba al frente del estudio de arquitectura Tec, pieza clave de la trama y por el que la operación se bautizó con el nombre de Tequila. A ellos, se les sumaría después como imputada una arquitecta de este estudio, Isabel Ruiz Vázquez.

El modus operandi era el siguiente: Ruiz Vázquez u otros arquitectos del estudio (Arturo Márquez Bailón, también implicado) hacían los proyectos que siempre lograban informes a favor de Jiménez Fornell y los consabidos decretos de regularización y las licencias municipales, que rubricaban, ora Hernán, avocándose las competencias, ora Rodríguez. La juez les atribuyó, entre otros supuestos delitos, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Y este mismo modus operandi, la supuesta participación de esta misma trama, es con la que se han ido topando los titulares de los restantes Juzgados que han tuteado anteriores y posteriores operaciones contra el urbanismo ilegal. Desde los primeros casos de obra nueva que el nuevo Gobierno del PP (con el ex edil de IP Enrique Moresco a la cabeza) denunció a la Fiscalía en octubre de 2007, que colapsaría en meses siguientes los Juzgados portuenses con las denuncias separadas de cada caso, hasta la macro denuncia de Ecologistas (con casas ilegales en Pinar del Obispo, El Barranco y Los Desmontados, que dio paso a la Operación Juncal que detuvo al arquitecto Pallí y al promotor chiclanero F.D.M., para pasar luego a investigar supuestas responsabilidades municipales) y la denuncia de Izquierda Unida por el club de alterne Oh Puerto.

Las fuentes consultadas por este diario apuntan también a otro hecho relevante que no había pasado desapercibido para la Justicia: el elevado patrimonio que parecía haber acumulado el exedil Juan Carlos Rodríguez, quien llegó a hacer una obra ilegal en su casa, estando al frente de Urbanismo, y se justificó con un "no sabía que tenía que pedir licencia". Además de adquirir la boutique de lujo Extreme, se le atribuye un coche Hummer y una moto Harley Davidson en propiedad, junto a negocios relacionados con la práctica de deporte (con un gimnasio y una concesión de aparatos), e inversiones en las islas Canarias.

Es por todo ello por lo que habría acabado siendo imputada su mujer, Josefa Lojo, al sospechar de su implicación en un supuesto delito de blanqueo.