Cómo pasar de ser pastor de un rebaño de cabras a narcotraficante. Es una de las claves de la investigación que implica a una red familiar casi en su totalidad, dedicada al blanqueo de capitales procedente de la venta de hachís. La Guardia Civil dio a conocer ayer que ha puesto a disposición judicial a 21 personas por delitos de blanqueo de capitales, siendo los principales implicados los supuestos integrantes de una organización dedicada al tráfico de hachís. Además, por su implicación en los hechos investigados, se ha puesto a disposición judicial a distintos familiares de los implicados que se prestaban como "hombres de paja" y "testaferros" para camuflar los bienes de la organización. Como consecuencia de esta operación policial, han sido incautados más de 11 millones de euros entre sociedades mercantiles, bienes inmuebles, cuentas bloqueadas y vehículos intervenidos.

La Benemérita explicó que esta operación policial se inició como consecuencia de la explotación de la operación Flotador, en la que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una organización criminal dedicada a la introducción de hachís en España desde Marruecos por vía marítima. En el marco de la misma, se detuvo a diez personas y se intervinieron 1.250 kilogramos de hachís.

Todo surge del matrimonio formado por José María P.R. y Josefa S.J., siendo el primero pensionista desde el año 2010 por incapacidad laboral total por enfermedad. Sin embargo, esta incapacidad laboral no le impidió, explicó la Guardia Civil en un comunicado, la introducción de al menos tres alijos de hachís incautados por la Guardia Civil en distintas fechas de 2011, como consecuencia de los cuales se encuentra en prisión por un delito de tráfico de drogas, aunque no era la primera vez que ingresaba en prisión por esta causa.

Se da la circunstancia de que José María realizó sus comienzos como pastor de un pequeño rebaño de cabras, actividad que fue abandonando progresivamente hasta llegar a la situación de no poderle atribuir una actividad profesional clara, aclara la Guardia Civil. Asimismo, resaltó que durante seis meses estuvo cotizando a la Tesorería General de la Seguridad Social por dos actividades laborales distintas, mientras se encontraba cumpliendo condena en prisión como autor de un delito de tráfico de drogas.

Dos de las naves intervenidas en esta operación se encuentran en Sanlúcar y en Bornos y se utilizarían para guardar las lanchas con las que la red introducía el hachís. Allí se preparaban los alijos, escondidos en la fibra de vidrio que recubría varios tubos preparados al efecto.

Los investigadores observaron además un mayor incremento del patrimonio por parte de los familiares y no por parte del detenido, y "cuya procedencia carece de justificación". De hecho, según fuentes de la operación, se observó que los ingresos anuales de uno de los hijos, durante un año y medio, fueron de algo más de 2.000 euros. Durante el siguiente año y medio, esos ingresos se elevaron hasta superar los 400.000 euros.

La Guardia Civil apuntó el dato de que, después de más de 22 años de matrimonio en régimen de gananciales, el matrimonio decidió realizar una separación de bienes, momento que coincide con el despegue profesional de su esposa Josefa, una mujer de 61 años, "cuya única actividad laboral era la de ama de casa, carente de formación e incluso que no sabe ni leer ni escribir, como ella misma manifestó".

En los registros practicados tanto en domicilios como en naves industriales y fincas ganaderas de Sanlúcar, Bornos y Lebrija (Sevilla), se incautó abundante documentación y efectos que permitieron el bloqueo de cinco empresas, así como todas las cuentas pertenecientes a los detenidos. Destaca que en uno de los registros, los guardias civiles, apoyados por un perro detector de dinero, se incautaron 300.000 euros que estaban ocultos tras un montón de chatarra.

Tras la finalización de la primera fase operativa de dicha operación, los miembros del Equipo de Blanqueo de Capitales iniciaron la correspondiente investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales supuestamente cometido por los miembros de la organización desmantelada, de varios familiares de los mismos y de personas interpuestas para evitar la incautación de los bienes obtenidos por el narcotráfico.

Ello determinó que la organización de narcotraficantes desmantelada "había montado todo un entramado de ingeniería financiera para blanquear los beneficios de sus ilícitos negocios", al frente de los cuales estarían numerosos familiares de los principales implicados en el tráfico de drogas, y personas de su entorno que actuarían como meros testaferros, que prestan su identidad para disimular la titularidad de los bienes obtenidos mediante el tráfico de drogas.

Los agentes determinaron que las principales líneas de trabajo estarían una en Sanlúcar y otra en Lebrija. Tras el cambio de régimen matrimonial, la esposa de José María se convirtió en socia fundadora de sociedades mercantiles, de las cuales cuenta con la titularidad de las acciones y es poseedora también de acciones de otras sociedades, siendo administradora única de alguna de las sociedades.

Una de esas empresas es González Puerto Consulting, que prometía la construcción de 39 viviendas de renta libre en Paterna de Rivera. Aún puede verse el cartel de la promoción, pero sin viviendas. Al saltar la operación policial, quedaron bloqueadas las cuentas y no se terminó la construcción. Pero no es la única actividad inmobiliaria. En Sanlúcar, consta en la investigación la construcción, esta vez sí finalizada, de una promoción de 36 casas unifamiliares en Pago Salto del Grillo, a cargo de la sociedad Joveo Sanlúcar S.L. Según consta en la investigación, cada parcela salió a la venta por un precio de 22.000 euros, a lo que hay que sumar el valor de venta al público de cada una de las 36 viviendas. Incluso, el propio José María, construyó en Sanlúcar un chalé en pleno centro al que le puso un curioso nombre: "Y ahora qué". También en Lebrija, una de las hijas del matrimonio se construyó otra vivienda que ocupaba una esquina entera entre dos calles.

La Guardia Civil detalló ayer en su comunicado que las sociedades que se crean de la nada para estos fines, son sociedades mercantiles que constituyen los investigados con idénticas características y carentes de funcionabilidad, si bien la gran mayoría de los bienes inmuebles intervenidos se encuentran bajo la titularidad de estas sociedades, "las cuales presentan una falta total de actividad y se caracterizan por tener por domicilio social el mismo donde se encuentra empadronado el matrimonio investigado".

Entre los bienes intervenidos figuran siete sociedades mercantiles con un capital social de 1.437.715 euros, 96 bienes inmuebles valorados en 8.610.676 euros, 59 vehículos valorados en 692.870 euros, 23 caballos de pura raza española y árabe, valorados en 135.000 euros, 300.000 euros en efectivo, significando que la mayoría de las transacciones que realizaban las realizaban en efectivo.

Por todo ello, se ha puesto a disposición de los titulares de los Juzgados de Instrucción número 2 de Sanlúcar y Lebrija a 21 personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, en unión de los bienes intervenidos.