Los bancos no quieren más viviendas de las que ya tienen y los departamentos de imagen de los pocos bancos que han sobrevivido a la sangría de la crisis han advertido que las noticias sobre familias desahuciadas acabarán por minar el negocio. De este modo, las sucursales de la provincia están recibiendo órdenes de negociar calquier tipo de acuerdo antes de trasladar los impagos a los juzgados, incluso llegando más allá de lo que marca el decreto de Exclusión Social, que impide ejecutar desahucios sobre familias que pueden demostrar la imposibilidad de hacerse cargo de la hipoteca. Pese a estas intenciones y que los trabajadores de banca que negocian en el terreno tienen estas indicaciones, todas las entidades bancarias han presentado recurso a este decreto.

Lo cierto es que esta política que aplaza las ejecuciones hipotecarias (momento de inicio del proceso que puede -o no- derivar en un lanzamiento, es decir, un desahucio) está dando resultados. Aunque el primer semestre marcó un récord histórico en la morosidad hipotecaria en el índice nacional, situándose en el 6,3%, Cádiz se está comportando a la baja tras haber alcanzado su pico en 2013. En lo que es propiamente el mercado de primera vivienda (no se incluyen segundas viviendas ni la morosidad hipotecaria de locales comerciales) las entidades consultadas estiman que el índice no debe llegar ni al 4%. "Sorprendería hasta qué punto la gente pelea para salvar su vivienda y mantener su crédito al día", explican desde el BBVA, cuya morosidad hipotecaria en la provincia es de las más bajas de toda España, al no llegar ni al 2%.

Esta estrategia de flexibilidad ya la marcó en 2011 el Banco Popular, en plena oleada de lanzamientos. Aquel año la provincia alcanzó su pico más alto con 650 desahucios y el Popular sólo ejecutó uno en toda Andalucía renegociando un total de 50.000 operaciones de crédito hipotecario a nivel nacional. Alfonso Marín, director territorial del Popular en la provincia, da fe de que la fórmula funciona: "El primer trimestre de 2014 ha sido el primero desde el inicio de la crisis en la que la morosidad en la provincia ha bajado y eso se consigue reactivando y ayudando a la gente que no puede pagar. No tenemos ningún interés en que la gente pierda su vivienda. En cuanto la mala coyuntura pasa, lo primero que hace el trabajador es defender su vivienda. Nuestra prioridad es ayudar y dar salidas reguladas".

De la misma opinión son en el BBVA. "Echar a una persona de su casa no nos lleva a ninguna parte", explica un directivo. Las fórmulas con las que se trabajan son muy variadas, desde bonificaciones del préstamo sobre el interés a carencias de cinco años con pagos que pueden moverse entre los 50 y los cien euros de cuota mensual. Fuentes de esta entidad indican, además, que "el problema es mayor o menor dependiendo de la gestión que se haya hecho durante los años de bonanza, es decir, los riesgos que se asumieron en su momento. Las hipotecas del BBVA en la provincia son de buena calidad, lo que hace que quizá no tengamos los problemas que han podido tener otras entidades que se expusieron más. De hecho, yo creo que BBVA no ha tenido que realizar ninguna ejecución en la provincia en el último año".

Unicaja, la única entidad andaluza que ha sobrevivido al maremoto, también se ha marcado una nueva estrategia tras haber negociado con la Consejería de Fomento fórmulas para evitar desahucios. La plataforma Stop Desahucios había sido muy crítica con Unicaja, pero el presidente de la entidad, Braulio Medel, ha asegurado que no olvidan que, como caja de ahorros, "tenemos una responsabilidad social". Los directores de las sucursales de Unicaja han recibido indicaciones para que sean flexibles en las negociaciones con los morosos. Así sucedió con un caso de desahucio en Jerez en septiembre del pasado año, cuando Unicaja aceptó que una familia perdiera su casa pero extinguiendo la deuda. Desde entonces Unicaja ha llegado a centenares de acuerdos en la provincia en casos que al inicio de la crisis solían terminar en los juzgados. Unicaja, además, fue pionera en la firma del código bancario contra los desahucios para familias en riesgo de exclusión social.

La Caixa, que en su día absorbió a Cajasol, con un gran número de hipotecas a trabajadores que han perdido el empleo durante la crisis, también está evitando llegar al extremo de los desahucios. Mantiene un fluido contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que ha actuado como intermediario en numerosos casos en esta entidad, habiéndose solucionado todos por la vía de la dación en pago o el alquiler social.

En lo que coinciden todas las fuentes bancarias consultadas es que no se están dando muchos casos de picaresca de personas que están tratando de entrar por el Real Decreto de Exclusión cuando no es su perfil. Los problemas se encuentran cuando las hipotecas van acompañadas de otras cargas -préstamos sobre préstamos- y en el aumento de separaciones con viviendas hipotecadas dentro del litigio.

Sin embargo, este panorama que se dibuja desde los bancos de una mayor comprensión hacia quienes pasan con dificultades para mantener sus viviendas no se comparte desde la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta. De hecho, para la Junta, no habrá mucha picaresca del cliente hacia el banco, pero sí, y bastante, de los bancos hacia la Junta. Sólo en el caso de las viviendas de protección oficial que han pasado a poder de los bancos y que tienen como obligación informar de su existencia a un registro de demandantes, la Junta ha detectado 185 ocultaciones. En la provincia de Cádiz han sido un total de 30 expedientes abiertos contra distintas entidades bancarias por no colocar viviendas de protección oficial en la oferta para familias más necesitadas.

Tampoco cree la Consejería que los bancos estén realizando el esfuerzo que se les exige para aliviar la situación de las familias en riesgo de perder su vivienda. En 2013, se produjeron en Andalucía 4.280 lanzamientos (desahucios) de 18.321 ejecuciones hipotecarias. Es un 23,36%, un 7,79 puntos menos que la media nacional, un porcentaje menor atribuible al efecto disuasorio de la Ley de Función Social de la Vivienda. Pero esto duró poco. En el primer trimestre de 2014 ese porcentaje ha subido cinco puntos, hasta el 28%, lo que ha supuesto 1.310 lanzamientos. Una vez recurrida la ley, consideran en la Junta, algunos bancos han agilizado los trámites antes de cambiar su estrategia.