La calle Larga presenta desde hace meses un agujero en la fachada del número 35. Es el agujero que se quedó abierto cuando a principios del pasado mes de abril, y por decisión del equipo de gobierno, se reabrió el muro que se había levantado para tapiar el acceso a la finca tras el incendio registrado en la madrugada del Viernes Santo.

En aquel momento se accedió a la reapertura de la finca tras las presiones de colectivos como el Foro Social o el grupo municipal Levantemos El Puerto, entre otros, que reclamaban que las personas que vivían en dicho inmueble pudiesen recoger sus pertenencias que se habían quedado dentro cuando se tapió el acceso al edificio, tras el incendio. Cinco meses después, ese agujero sigue estando en la fachada y por el mismo entran y salen del inmueble numerosos transeúntes y algunas personas que residen allí de forma más o menos fija.

El olor dentro de la casa es nauseabundo, con basuras y desechos por todas partes

Los vecinos de los inmuebles cercanos, que ya en numerosas ocasiones han reclamado una actuación para evitar las molestias que sufren a diario, siguen sin entender cómo en su momento no se aprovechó el desalojo de la finca para proceder a su clausura, por parte de la propiedad, para evitar los problemas de convivencia y de insalubridad que se vienen padeciendo. Tampoco entienden que el Ayuntamiento no hiciera absolutamente nada para acabar con ese foco de suciedad y basuras tras haber tenido conocimiento de la situación del interior del inmueble, a raíz del fuego registrado.

Hay que recordar que este edificio rehabilitado se encuentra ocupado de forma ilegal desde hace aproximadamente cinco años, cuando un total de once familias, la mayoría con niños, decidieron instalarse en las viviendas disponibles y vacías, propiedad de una entidad bancaria tras la quiebra de la empresa constructora.

En el año 2014 el Ayuntamiento cortó el suministro de agua de la finca, que estaba enganchado a la red de forma ilegal.

Ya en un primer momento el edificio había sido objeto del robo de materiales y se encontraba bastante deteriorado, de manera que de los 24 apartamentos existentes sólo eran habitables 14.

No obstante, la situación actual poco tiene que ver con la de aquella llamada "corrala de la juventud", como se la denominó en un principio, trasladando la idea de que era una finca ocupada por familias sin recursos. Con el pasar de los años y el mal uso que han hecho de la finca muchos de sus ocupantes, no queda ya ninguna de aquellas familias y los vecinos padecen las consecuencias del deterioro social que está sufriendo una zona antes tranquila, con problemas como el trapicheo de drogas, el ejercicio de la prostitución y el continuo deambular de personas que acceden a la casa con todo tipo de objetos. Hay vecinos que incluso se plantean vender sus viviendas, "y eso que yo me empeñé en apostar por el centro", lamenta una de las propietarias consultadas, cansada de la inacción de la propiedad y del Ayuntamiento.

Tras el incendio, el Ayuntamiento se comprometió a hacer limpiar la finca y a instar a la propiedad a instalar una puerta blindada. Lo único que hay hoy por hoy es un agujero.