Varias familias de Jerez, víctimas de una estafa, evitan el desahucio

"Parece que esta pesadilla se acaba". A eso de mediodía, tres familias recibían una llamada de alivio. Al otro lado del teléfono, un representante de Residencial Murillo, una de las sociedades inmobiliarias del grupo bancario Ibercaja, les comunicaba que finalmente no tendrán que verse obligados a abandonar las viviendas que tienen alquiladas en Jerez. El desahucio estaba previsto para el próximo día 19 y queda anulado gracias a un acuerdo que se prevé suscribir entre hoy y mañana.

Su calvario había empezado meses atrás cuando descubrieron que les habían alquilado unos inmuebles que estaban embargados y que ahora estaban en manos de una entidad bancaria y con un proceso de desahucio en marcha. Entre 2013 y 2015, en torno a una decena de familias suscribieron diversos acuerdos de alquiler con la promotora Inversiones Obrasur SL, domiciliada en la localidad sevillana de Dos Hermanas, para residir en unos pisos de nueva construcción en el número 29 de Ronda de Muleros de Jerez. Sin embargo, ya por entonces en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Jerez se había iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria por impagos de la promotora a Ibercaja (lo hizo en 2010).

Ayer, en el número 29 de Ronda de Muleros se veían sonrisas, besos y lágrimas de alegría, una sensación que parecía olvidada desde hace mucho tiempo en un edificio que, como cuenta una de sus residentes, "parece maldito". Las tres familias afectadas por el desahucio recibían la comunicación de la entidad bancaria de que el proceso de desahucio quedaba paralizado. "Me han dicho que han tardado tiempo en darnos una respuesta porque estaban estudiando la situación pero todo este sufrimiento se podría haber evitado hace mucho tiempo", comentaba una de las afectadas. Para nada sirvieron los contratos que tenían firmados con la anterior propietaria pues la Ley de Arrendamientos Urbanos da por extinguidos estos acuerdos cuando se han firmado ya iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Fue entonces cuando se dieron cuenta realmente de que habían sido víctimas de una estafa; antes, habían visto cosas "raras" pero la justicia corroboró sus sospechas. De hecho, el tribunal que autorizó el lanzamiento advirtió de un posible delito de fraude pero, en estos casos, son los afectados los que tienen que denunciar penalmente. Y el principal problema ya no era abrir un nuevo frente judicial tras haber sido víctima de una estafa sino ver cómo para el día 19 se había fijado el lanzamiento de sus viviendas. Algunos (en un principio eran 10 los afectados) decidieron marcharse a otra vivienda pero tres, por distintas circunstancias, decidieron seguir y esperar acontecimientos.

Ya desesperados, puesto que el día de desahucio se acercaba, acudieron la semana pasada a la plataforma Stop Desahucios que, entre otras medidas, decidió denunciar públicamente la situación el pasado martes. Y, curiosamente, ayer por la mañana, cuando los afectados atendían decenas de llamadas de medios de comunicación, recibían la del representante de la firma bancaria para darle la buena nueva.

El banco se ha comprometido a suscribir con ellos un contrato de un año de duración aunque con la posibilidad de prórrogas. "Son muy buenas condiciones y yo quiero seguir viviendo en mi casa", señala una de las inquilinas.