El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha trasladado ya sus conclusiones sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la factoría de Delphi a la juez Mercedes Alaya. Así se desprende de la sentencia, publicada ayer por este periódico, en la que se daba la razón a un prejubilado de la multinacional que cerró en Puerto Real y que reclamaba el abono de su pensión, retenida por la Junta durante dos años, al considerar que no debía estar en el listado de los afectados por el cierre.

En dicha sentencia, entre otras cosas, el magistrado que firma el dictamen asegura: "Remítase testimonio de las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -el de la juez Mercedes Alaya que investiga los ERE fraudulentos- para la exigencia en su caso de las responsabilidades penales en que hubieran podido incurrir las autoridades administrativas que han intervenido en el procedimiento".

Hay que recordar que en dicha sentencia el TSJA estimaba que el ERE de Delphi contenía "irregularidades manifiestas" y, por ello, solicitaba "deducir testimonio" del delegado provincial de Empleo, entonces Juan Bouza; del director general "que dio la ayuda consistente en el abono de las primas del seguro colectivo de rentas suscrito por Mercasevilla. S.A."; y del viceconsejero de Empleo "que por resolución de 13 de mayo de 2011, autorizó la refinanciación de la póliza a cargo del erario público". Este viceconsejero era Justo Mañas y no, como se publicó ayer por error, Luis Nieto, quien entonces era viceconsejero pero de Innovación -aún no se habían fusionado ambas consejerías-.

Sin embargo, nada más conocer la publicación de la sentencia aludida por parte de este periódico, la Junta de Andalucía dio a conocer ayer que ha solicitado al TSJA una "rectificación de errores materiales" de dicho dictamen. Así,en un escrito remitido al Tribunal, la Junta pide que se rectifique la citada sentencia, que pide que se depuren "posibles responsabilidades penales" por estas "irregularidades manifiestas" en las autoridades laborales de la administración autonómica en la etapa en que fue autorizado el ERE de Delphi, que afectó en 2007 a unos 1.800 trabajadores. La Administración autonómica hace especial hincapié en que la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA hace varias afirmaciones "erróneas" porque el expediente de Delphi "no fue autorizado por la Consejería de Empleo -por tanto, no intervino Juan Bouza- sino por el Juzgado de lo mercantil número 1 de Cádiz" el 30 de julio de 2007, dado que la multinacional estaba en concurso de acreedores y en este supuesto "el auto del juez del concurso sustituye a la resolución administrativa de la autoridad laboral".

Según explica la Junta en su escrito, el trabajador prejubilado al que el juez da la razón figuraba "indebidamente" en la póliza correspondiente al ERE de Delphi pues no reunía "ni siquiera el requisito o condición elemental" para estar en ella, pues había sido despedido "con anterioridad" a este proceso y por ello se estaba beneficiando "de un plan de prejubilación" que no le correspondía. Por ello el Gobierno andaluz explica al tribunal que la sentencia se equivoca porque "ni el actor estaba incluido en el ERE de Delphi ni este ERE fue autorizado por la autoridad laboral, ni la autoridad laboral decretó quién estaba incluido válidamente en el mismo".

Por ello "su inclusión indebida en la póliza no deriva de una resolución administrativa en la que se hayan eludido los controles de legalidad del ERE, como se afirma en la sentencia", dice el escrito de la Junta al Tribunal.

La Administración andaluza también destaca que la sentencia se equivoca al citar en sus páginas "un protocolo de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y Mercasevilla", que "ninguna relación guarda con el asunto" porque "la empresa para la que trabajó el actor fue Delphi, S.A. y no Mercasevilla". Este fallo se repite en otro párrafo de la sentencia que acuerda deducir testimonio contra "el director general que dio la ayuda consistente en el abono de las primas del Seguro Colectivo de Rentas suscrito por Mercasevilla, S.A.", un seguro que "no guarda ninguna relación" con "el asunto que nos ocupa".

Estos errores "permiten concluir", añade la Junta, que tampoco es cierto que el caso de este ex trabajador de Delphi sea "sustancialmente idéntico" a otros resueltos por este tribunal, tal y como dice la sentencia al comienzo de su fundamentación.

Por el contrario -dice la Junta- el asunto "difiere notablemente" en "aspectos esenciales" de casos resueltos por la sala como el de un trabajador de Mercasevilla que fue despedido en virtud del ERE relativo a esa empresa y cuya inclusión irregular en la póliza se debió a que no tenía 50 años, la edad estipulada para el plan de prejubilaciones.

Por otra parte, el TSJA confirmó ayer que aún no ha trasladado respuesta a la petición de rectificación de la Junta, que continúa en estudio. Estas fuentes también indicaron que no es la primera sentencia sobre este asunto (prejubilaciones de Delphi) que se ha visto en sede judicial y que todas se han fallado en el mismo sentido.

Ayer se pronunció al respecto el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, quien abundó en el mismo sentido de la rectificación solicitada por la Junta, es decir, que quien autorizó el ERE de Delphi no fue Juan Bouza, sino el Juzgado de lo Mercantil.