Sanlúcar de Barrameda es el primer municipio de la provincia de Cádiz que presenta su proyecto de adhesión al plan de ayuda a la contratación incluido en el decreto contra la exclusión social aprobado recientemente por la Junta de Andalucía. 

El decreto publicado el pasado viernes en el BOJA estipula 15 días para los ayuntamientos que quieran adherirse a este plan a través de proyectos concretos, en los que emplear a aquellas personas que se encuentran en mayor riesgo de exclusión social. Así, en un comunicado, la alcaldesa sanluqueña, Irene García (PSOE), ha expresado que desde ese momento se pusieron a trabajar en el Ayuntamiento para presentar iniciativas y detallar a la Junta "en qué emplearían esta inversión adicional, a través de contrataciones especiales siguiendo los requisitos que estipula la entidad autonómica en su decreto y que se vieran beneficiados numerosos sanluqueños de estas ayudas cuanto antes". 

A Sanlúcar le corresponden 461.000 euros en el plan de ayuda a la contratación y 128.000 euros en el refuerzo en la ayuda a domicilio. García ha explicado que la inversión del plan de ayuda a la contratación se dividirá en diferentes líneas de actuación; por un lado en "la mejora de la imagen de la ciudad" que venga a reforzar a los servicios de limpieza municipales, un plan de adecentamiento y mantenimiento de zonas verdes y espacios libres de la ciudad y también un plan de limpieza y adecentamiento de las playas. Por otro lado también se actuará en el mantenimiento de los centros escolares de la ciudad, "con pequeños arreglos de competencia municipal".  

En cuanto a las condiciones de los contratos y solicitantes, García ha detallado que en el decreto se concreta que las contrataciones serán de 15 a 90 días, pero que el Ayuntamiento sanluqueño ha decidido no realizar ningún contrato de menos de un mes. Podrán optar a esta iniciativa las personas mayores de 18 y menores de 65 años que lleven al menos un año en situación de desempleo y que el importe máximo de los ingresos  del conjunto de las personas que forman la unidad familiar sea inferior a 1,5 veces el Iprem y que se encuentren en riesgo de exclusión social, acreditado mediante informe social de los servicios sociales comunitarios. De esta forma, serán los servicios sociales los que acrediten que los solicitantes son aptos para el puesto específico.  

"En torno a 400 familias de Sanlúcar se verán beneficiadas por esta iniciativa, y para ello se valorará la situación concreta de cada una de ellas", ha argumentado García, que precisa que en la ciudad hay "más de 12.614 personas desempleadas, muchas de ellas usuarias de los servicios sociales y pasando serias dificultades, con todos los miembros de la unidad familiar en paro".  

Así, entiende que estas ayudas a la contratación vienen a "apoyar las medidas municipales puestas en marcha", como el plan de ayuda a los desempleados, el plan de ayuda a las familias, o los cheques alimentos, "recogidos en el presupuesto municipal y que hacen que la partida de servicios sociales ascienda a más de seis millones de euros".   

En cuanto al refuerzo de la ayuda a domicilio en el sector de la dependencia, destaca que Sanlúcar es uno de los municipios con mayor número de usuarios, "un sector en el que se ha venido creando mucho empleo, en virtud de la apuesta que se ha hecho en los últimos años por formar a los ciudadanos en la prestación de este servicio y ayuda". Muestra de ello --según García-- es que "en 2007 había 136 usuarios de la ayuda a domicilio, en la actualidad hay 276 y en cuanto a empleos en 2007 había 31 personas empleadas en la ayuda a domicilio, cuando hoy hay 130".  

Irene García ha querido expresar que estas medidas demuestran que hay otra forma de salir de la crisis, "no únicamente con recortes", y que estos programas vienen a unirse a los de iniciativa municipal en servicios municipales y, por otro lado, a los programas específicos de inversión de la Junta de Andalucía ya vigentes como el Plan Ola, el Plan Forestal, centrado en el arreglo de caminos rurales de la ciudad y el Programa de Rehabilitación de Viviendas.  

"La Junta de Andalucía, a partir de hoy, cuenta con un mes para contestar a este proyecto y dar el visto bueno para poder empezar a recoger las solicitudes, para lo que habrá que reforzar la atención al público en los servicios sociales y pueda comenzarse el proceso de contratación y mejoras cuanto antes. No queremos que este tema sea motivo de confrontación, ya que el Gobierno central recibirá una cantidad importante con estos contratos por pagos a la Seguridad Social y Hacienda y queremos que esa cantidad se reinvierta en los ciudadanos y en planes de empleo que necesitan muchos municipios como Sanlúcar, a nivel provincial o autonómico", ha finalizado la alcaldesa.