La Junta de Andalucía pondrá a disposición de todos los ayuntamientos gaditanos un total de 11,5 millones de euros que llegarán gracias a la aplicación del decreto de exclusión social aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz y que entra en vigor hoy tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El objetivo principal de este decreto, como explicó ayer en Cádiz el delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, es "dar respuestas a la crisis" sobre todo a los menores y a los mayores de 65 años. Así, este decreto tendrá tres partes. El reparto de los 11.528.028 euros mencionados se corresponden sólo con las dos primeras, ya que el tercero, correspondiente al llamado salario social, no está aún provincializado aunque, a nivel andaluz, contará con un presupuesto de 121 millones de euros (los 71 que ya había el pasado año, más 44 millones para 2013).

El delegado detalló que la primera parte de este plan contra la exclusión social se centrará en un plan de acción social que tendrá dos partes. La primera, medidas de contratación con los ayuntamientos de la provincia, que tendrán que solicitar su inclusión en esta medida. Según los datos aportados por López Gil, los consistorios podrán hacer contrataciones que irán desde l os 15 días hasta los tres meses y se calcula que podrán contratarse 226.038 jornadas. Todo dependerá de cómo se realicen esos contratos para calcular cuántas personas se verán beneficiadas. Sí explicó López Gil que los ayuntamientos deberán tener en cuenta a la hora de formalizar estos empleos "que sean personas en riesgo de exclusión o ya en exclusión social, que lleven más de un año en el paro, que sus ingresos familiares estén por debajo de los 798 euros al mes, y realizarán labores de interés social que no sustituyan a los que ya se realizan a nivel municipal".

El delegado de la Junta en Cádiz explicó que el reparto económico en este aspecto se hizo en función del nivel de paro de cada municipio en diciembre de 2012. Así, Jerez contará con 1.299,756,17 euros; Algeciras, con 664.135,38 euros; Cádiz tendrá a su disposición 649.084,99 euros; Chiclana, 536.612,83 euros, etc. Así, hasta un total de 7.534.622 euros sólo para este programa.

La segunda medida de esta primera parte del plan contra la exclusión social para Cádiz será la ayuda a domicilio. El delegado territorial de Salud y Bienestar Social, Ángel Acuña, explicó que "esta ayuda tendrá un perjuicio importante por la falta de aportación por parte del Estado; en Andalucía hay 50.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 17.500 trabajadores, y a partir de ahora, como máximo pueden hacerse 70 horas por usuario. Contra esto, la Junta pone a su disposición 1,8 millones de euros para tratar de incidir sobre todo en los dependientes moderados", según Acuña, que aseguró que con esta medida se trata de favorecer el empleo "hasta un máximo de 20 horas al mes de ayuda a domicilio para los beneficiarios y, por otra parte, atender a las personas que han quedado excluidas hasta 2015 por el decreto del Gobierno central". Así, prevén la contratación de un total de 2.512 personas a 90 días, estimando que casi 1.400 personas se beneficiarán de esta prestación en un plazo de cinco meses.

El segundo plan de las medidas contra la exclusión social es el plan extraordinario sobre viabilidad y garantía alimentaria, que incluye varias acciones "encaminadas a que haya una ingesta mínima de calorías en menores y mayores de 65 años, para lo que se utilizará una red de entidades que ya trabajan en esta labor. Así, se aplicará el Fondo de Preparación y Reparto de Alimentos, que en Cádiz destinará un total de 590.965 euros en actuaciones con entidades privadas sin ánimo de lucro, que prepararán y repartirán alimentos a personas con escasos recursos económicos o en riesgo de exclusión social. La media anual de beneficiarios será de 1.214 personas.

Otra acción de este segundo bloque será la distribución de Fondos de Servicios de Comidas, donde la provincia recibirá un total de 73.871 euros. Se beneficiarán una media aproximada de 152 personas cada dos meses y las actuaciones serán desarrolladas con ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro para ofertar un servicio de catering a domicilio a mayores de 65 años con bajos recursos económicos y que no puedan acceder al servicio de comedor del Centro de Participación Activa.

Para las actuaciones que desarrollen entidades privadas sin ánimo de lucro para la preparación y reparto de alimentos a personas mayores de edad residentes en Zonas con Necesidades de Transformación Social durante el periodo vacacional del calendario escolar, el decreto destina 199.000 euros.

Por su parte, la distribución de fondos de refuerzo de comedor escolar de los centros educativos contará con una aportación de 304.000 euros, beneficiando a más de 7.100 escolares. "Se trata de reforzar el sistema subvencionado en los comedores escolares que ya existen con esa cantidad supletoria para llegar a más niños", dijo López Gil. Otros 90.000 euros serán distribuidos en los fondos del programa comedor de participación activa, "para aquellos centros en periodo vacacional, donde intentaremos ayudarles llevándole comida". En general, añadió el delegado, "vamos a garantizar tres comidas al día para los menores; en la hora del almuezo en el colegio, en estos centros de participación activa, entregaremos la merienda y el desayuno del día siguiente". También, habrá 714.905 euros para ampliar las ayudas económicas familiares. Finalmente, la línea de actuación de apoyo a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria supera los 212.500 euros.

Por último, sobre el tercer plan, Acuña avanzó que se ampliará la cuantía y se dará mayor rapidez a la concesión del salario social. López Gil concluyó recordando que todos los ayuntamientos podrán optar a todas las ayudas y que se creará una comisión de control.