A partir de las denuncias realizadas por varias profesoras gaditanas en avanzado estado de gestación tras recibir el alta forzosa por parte de la Inspección Médica, la Junta de Andalucía se ha comprometido a poner en marcha un nuevo protocolo de coordinación, a nivel regional, para dar cobertura a todas las funcionarias –no sólo a docentes– que presenten un embarazo de riesgo.

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud, el nuevo Gobierno andaluz mantendrá una reunión con representantes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) –competente en la materia– para elaborar un protocolo de coordinación que no deje en indefensión a las trabajadoras durante el periodo de estudio de su solicitud de riesgo de embarazo.

Es decir, el SAS prolongará la baja por incapacidad temporal de las funcionarias embarazadas hasta el día antes de que el INSS les dé la baja por riesgo en el embarazo.

Así pues, si una empleada pública reúne criterios de riesgo en el embarazo y se encuentra en una situación de baja laboral con criterios de alta médica (pues no es una patología, sino su propia actividad profesional la que no recomienda su incorporación a su actividad laboral), el periodo de tramitación hasta la resolución de la situación de riesgo de embarazo se asumirá como un periodo de incapacidad temporal.

Esto conllevará una mejora en la coordinación entre los organismos autónomicos y las entidades gestoras, pero sobre todo supondrá una cobertura garantista para las funcionarias gestantes.

Antes, cuando una funcionaria embarazada recibía el alta por parte de la Inspección Médica (en contra del criterio de su médico de cabecera), debía demandar la baja al INSS por riesgo en el embarazo, un trámite éste que tardaba en resolverse tres o cuatro semanas. La embarazada quedaba entonces en una especie de limbo en el que, a la espera de obtener una respuesta, favorable o no, de la Seguridad Social, debía reincorporarse a su puesto de trabajo.

Ahora, con el nuevo protocolo anunciado por la Junta de Andalucía, la funcionaria en cuestión permanecerá de baja por incapacidad temporal hasta el día antes de que la Seguridad Social le dé el visto bueno a su baja por riesgo de embarazo. En ningún momento la mujer recibirá un alta, evidentemente no deseada, que pueda perjudicar su salud.

Además, el nuevo protocolo de actuación propuesto por el nuevo Gobierno andaluz solucionará el inconveniente de las sustituciones en los centros educativos. Hasta ahora, cuando una docente en avanzado estado de gestación recibía el alta forzosa del tribunal médico, debía reincorporarse a su puesto de manera inmediata, por lo que el profesor que la sustituía volvía de nuevo a la bolsa. En el momento en el que esa docente conseguía otra vez la baja, esta vez ante el INSS, por riesgo en el embarazo, había que esperar otras tantas semanas a que la Delegación de Educación nombrase de nuevo a un sustituto, lo que entrañaba un caos mayúsculo entre el alumnado y entre los propios profesores del centro educativo.

Este protocolo del SAS para preservar la baja de las funcionarias embarazadas en alto riesgo se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).