"Queremos otra gestora en Bahía Sur y recuperar algo de lo perdido"

Pilar Azcárate, presidenta de una comunidad, pide que se ejecute la exclusión de los apartamentos del Registro de Turismo Asegura que ya hay varios embargados

Pilar Azcárate, en el balcón de uno de los edificios del complejo turístico de Bahía Sur.
Pilar Azcárate, en el balcón de uno de los edificios del complejo turístico de Bahía Sur.
Juan José Marqués Cádiz

16 de marzo 2015 - 05:01

Junto al bullicioso centro comercial de Bahía Sur se libra desde hace años una guerra legal que de momento no parece tener fin. La última batalla en este enfrentamiento a más de cuatro bandas deja al complejo turístico en un callejón sin salida inmediata. Los 328 apartamentos han sido excluidos por la Junta del Registro de Turismo de Andalucía por no cumplir con el principio de unidad de explotación que exige la normativa autonómica. Sus gestores, los responsables de Complejo Bahía Sur (CBS) S.L., tuvieron cuatro años para adecuarse a esa exigencia. Pero no lo hicieron. Así que no deben ser alquilados como tales, pero tampoco pueden usarse como residencia porque el suelo, de propiedad municipal, está calificado como de uso característico turístico o terciario destinado a alojamiento turístico. Pese a esto último, en los apartamentos hay unas 40 familias viviendo de manera irregular y más de la mitad de los propietarios -más correcto sería decir inversores- los utiliza como segundas residencias. Ahora, quienes interpusieron la denuncia que terminó en la resolución de la Junta, piden que se ejecute con todas sus consecuencias. Y la gestora y el Ayuntamiento de San Fernando, que se suspenda.

En el origen de esta polémica resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Cádiz, firmada el 14 de enero pasado por el entonces delegado territorial Manuel Cárdenas, está, entre otras denuncias particulares presentadas antes y después de la suya, la de Pilar Azcárate.

Pilar es presidenta de la comunidad de estudios del complejo isleño -donde existen otras dos, una de apartamentos y otra de bungalows, y una mancomunidad- y dueña desde 2006 de uno de ellos. Nunca lo tuvo a disposición de la gestora, acogiéndose a una cláusula del contrato que permite al dueño disponer de su propiedad para obras, mejoras u otros usos siempre que lo comunique antes del uno de octubre. "Adquirimos el derecho de uso de superficie de un suelo que es municipal; se trata de una concesión por 75 años", aclara. Pero pronto comenzaron los problemas y la presidenta fue recabando información. El primero y fundamental: la falta de pago a muchos inversores y la nula comunicación sobre los detalles de la gestión. "El contrato firmado con la gestora estipula que CBS se compromete a pagar un 75% de los beneficios que generan el alquiler de los inmuebles y a informar cada seis meses a los inversores, pero ni pagaban a la mayoría ni presentaban ni un solo papel", asegura Azcárate.

"Después de muchas llamadas y burofax comienzo a tener información, que difundo en la comunidad, y la gente comienza a retirar las llaves al pull, hasta que sólo quedaron 20 estudios en su poder", relata la presidenta. De esta manera, CBS sólo gestionaba ya el 40% de los alquileres, cuando el Decreto 194/2010, de 20 de abril, de Establecimientos de apartamentos turísticos, en su artículo 5 establecía el principio de unidad de explotación, es decir, que el 100% de los alquileres de inmuebles debían estar gestionados por la misma empresa. Con todo, la norma, en su disposición transitoria segunda, otorgaba, en el caso de los apartamentos turísticos inscritos como bloques, un periodo de adaptación de cuatro años desde su entrada en vigor. El plazo se acabó el 12 de mayo de 2014.

En la denuncia interpuesta ante la Delegación Territorial, los propietarios alegan que la falta de cumplimiento del principio de unidad de explotación "provoca que se esté realizando una actividad comercial fuera de norma, e incluso ilegal, generando un perjuicio para los usuarios de los apartamentos turísticos y para los inversores que ceden sus unidades a la referida mercantil, siendo ajenos del incumplimiento del principio de unidad de explotación". En la resolución de la Junta se desestiman todas las alegaciones presentadas por la empresa, aunque se reconoce al Ayuntamiento la condición de interesado en el procedimiento, en tanto propietario de los terrenos. Pilar resalta que "Turismo actúa y abre expediente a CBS porque los propietarios/inversores denunciamos, no lo hace de oficio, y finalmente resuelve en contra, con argumentos demoledores". Por eso cree que la Junta debe tomar las riendas del problema y aportar soluciones ya.

"CBS ha presentado recurso de alzada y pedido la paralización de la solicitud de cierre y nosotros hemos reclamado la inmediata ejecución de la resolución. Queremos que se cierre, que se vaya la gestora, crear otra nueva y recuperar al menos algo de lo perdido. Ya hay apartamentos y estudios embargados porque los inversores, al no cobrar, no pudieron hacer frente al pago de sus hipotecas", concluye Pilar Azcárate.

A su juicio, los argumentos de la resolución de la Junta "dejan sin justificación la solicitud de paralización realizada por el hotel y la del Ayuntamiento, que favorece el mantenimiento de una situación que no tiene salida y solo alarga la agonía de Bahía Sur, en favor de una gestora que ha incumplido todos sus compromisos, siempre en detrimento de unos inversores que han apostado por esta ciudad, y de la propia oferta hotelera isleña".

Este periódico ha intentado en varias ocasiones contactar con algún responsable de CBS.

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