Piden el indulto para el dueño de una casa ilegal

Un matrimonio con dos hijas menores de edad que residen en una vivienda ilegal situada en el entorno del Reventón Chico espera conseguir en las próximas semanas, al menos, 3.500 firmas de apoyo para evitar la demolición de su casa, sobre la que pesa una sentencia firme del Juzgado de lo Penal Número 3 de Cádiz.

Ese número de firmas ha sido fijado por constituir el 5% de la población de Sanlúcar y, en caso de lograrlas, José Antonio Santiago la adjuntaría a sendas solicitudes de indulto que ya ha tramitado su abogado ante el Ministerio de Justicia y ese juzgado. En concreto, pide la suspensión de la ejecución tanto de la pena de seis meses de prisión como de la demolición de la vivienda. El juez del caso ordenó en octubre de 2008 al Ayuntamiento que procediera al derribo cobrándole el coste de la actuación al afectado, después de que éste se negara a hacerlo en el plazo establecido.

Mariano Galán, portavoz de la familia, ha replicado a la alcaldesa, Irene García, que no se trata de una segunda residencia. Argumenta que José Antonio Santiago y su esposa, María Dolores Ramírez, vendieron en febrero de 2003 el piso que poseían en la barriada Andalucía, acordando con la parte compradora no entregárselo hasta tener ejecutadas las obras de la vivienda irregular, que tiene 100 metros cuadrados y un garaje de 18 metros. Cuando en diciembre de 2004 los trabajos de construcción casí habían acabado, Santiago recibió la primera de una serie de notificaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo ordenando su paralización. La cuestión dio lugar a un proceso judicial que desembocó en la citada sentencia firme.

En una reciente entrevista con la alcaldesa, la familia y su portavoz obtuvieron la misma respuesta que la expresada públicamente por García, en el sentido de tener que afrontar personalmente una imputación por un delito de desobedicencia si, finalmente, el Consistorio no efectúa la demolición. También se han reunido con el juez, y su abogado con el fiscal de medio ambiente de Cádiz.

En el ámbito asociativo, la familia dice contar con el apoyo de las federaciones vecinales y plataformas de afectados de Sanlúcar, Chipiona, El Puerto, Conil y otros municipios. De hecho, prevé organizar en julio una manifestación para "reclamar a los políticos en general que resolvamos entre todos esta grave problemática social que sufren miles de familias, regularizando todas las viviendas que se puedan regularizar".