En la parcela donde la piqueta debía estar formando la de Dios lo único que se ve es desolación. La Junta de Andalucía fijó para este martes 12 de marzo el derribo de otras dos viviendas en El Palmar pero sus propietarios, siguiendo el ejemplo de otros vecinos, decidieron no complicar más las cosas y arramblar ellos mismos con las edificaciones. En este caso, como en otros, hablamos de casas prefabricadas de las que han ido proliferando en el desordenado paisaje urbanístico de esta pedanía de Vejer. El Palmar prefiere el harakiri a la parafernalia de excavadoras, guardias civiles y propios de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda montando el mingo. No se trata de buscar una justicia poética sino más bien mirar por la economía familiar. Porque la actuación de la Junta no sólo conlleva el vámono que nos vamos de la casita en la playa sino la posterior factura que suele rondar los 30.000 euros, entre los diferentes conceptos y sanciones. Es decir, unas diez veces más de lo que cuesta ponerse manos a la obra y acabar con el problema uno mismo.

Los inspectores de la Junta ni tan siquiera tuvieron que hacer acto de presencia en El Palmar, toda vez que la Guardia Civil les informó en la tarde del lunes que los dueños de las agraciadas en la lotería de los derribos de casas ilegales construidas en suelo rústico habían decidido hacerlas pasar a la historia. Polvo eres y en polvo te convertirás. Habían apurado, sí, pero ayer lo único que se veía en una de las parcelas era un suelo de tarima sobre el que se asentaba una casa y en la otra ni eso. Sólo barro, mucho barro, y un terreno yermo mirando al mar.

Según informó la Junta, las demoliciones tenían por objeto no solo la retirada de las viviendas prefabricadas que se habían construido sin licencia sino también una piscina, instalaciones anexas y los vallados que dividían la originaria parcela, de 6.000 metros cuadrados, entre 12 propietarios. “La tramitación del expediente de restablecimiento de la legalidad por la inspección se inició en 2019. Desde entonces se han practicado, insistentemente, las medidas provisionales y se han levantado hasta 58 actas de inspección hasta 2023, incluyendo precintos y corte de los suministros, entre otras actuaciones”, informó la Junta.

Las actuaciones previstas este martes estaban fijadas en una zona donde en los últimos tiempos han aumentado las construcciones que tratan de burlar la ley bajo su apariencia de provisionalidad. El carril de Joaquín Pérez, situado al final de la extensa playa gaditana, se acerca a Zahora y está justo después de establecimientos hosteleros emblemáticos como el Baba.

Una vivienda levantada en suelo rústico.

Según la Junta, pese a las advertencias de la ilegalidad y de las consecuencias de las roturas de los precintos de los agentes de la autoridad, en uno de los casos la vivienda ha sido constantemente destinada a alquiler vacacional, y en el otro caso, esta se levantó habiéndose iniciado ya el expediente de restablecimiento por la Junta.

La actuación entraña además una especial trascendencia, ya que se ubica en el límite de la huella existente en El Palmar en su parte este. Con esta autodemolición se preserva la conurbación con Zahora, evitando que se siga ampliando el territorio –hacia zona inundable– de manera ilegal, comprometiendo recursos naturales, públicos y de la propia seguridad ciudadana.

Un laberinto de carriles

Aunque para muchos El Palmar es básicamente una playa bordeada por una carretera en cuya ribera han ido prosperando bares, chiringuitos, restaurantes de postín, escuelas de surf y hasta eso que los finolis llaman beach-clubs, lo cierto es que su territorio se expande hacia el interior de La Janda en un dédalo de carriles desordenados. Algunos acaban abruptamente, otros parecen perderse hasta el infinito mientras se avanza dando tumbos por un piso infame, más propio de una ciudad perdida de Siria que de un pueblo de la costa de Cádiz. Pisamos suelo rústico. La pregunta no es cuántas casas ilegales hay en El Palmar, sino más bien cuántas hay legales. Porque entre las trabas de unos y otros muchos vecinos se encuentran atrapados en una burocracia desesperante.

Los lugareños no tienen muchas ganas de hablar del tema. Más allá de los representantes vecinales o los miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vejer, en El Palmar se prefiere correr un tupido velo sobre el problema que les atañe. Por eso cuando nos adentramos por los carriles y preguntamos si saben dónde podemos encontrar casas ilegales con precintos la respuesta se repite machaconamente:“Yo es que no tengo mucha idea de eso”. Vale.

El desorden urbanístico en la zona más profunda de la pedanía es incontestable

En el carril de Joaquín Pérez, donde existe un parking para autocaravanas y un chiringuito, tenemos más suerte. Una joven que pasea a sus perros nos confirma el lugar de las autodemoliciones. “Ahí detrás había otras más, pero poco a poco las han ido quitando de en medio sus propios dueños”.

Lo que más rechina a los inspectores de la Junta no es sólo ese salvaje oeste urbanístico en El Palmar, sino el alquiler vacacional. Pero claro, gente que ha nacido y crecido en El Palmar quiere sacar provecho de su paraíso, como hacen otros vecinos. Un paisano nos ofrece su parecer. “¿Que es suelo rústico?, pues claro, como lo sería el de Conil antes, o el de Chiclana... ¿Por qué nosotros no podemos mejorar? ¿Tenemos que seguir cultivando la tierra y criando vacas?”, nos dice mientras con la mano derecha abarca un cercado en el que varias reses marrones dan buena cuenta de una paca de paja.

“Queremos restablecer la disciplina urbanística”, repiten vecinos de El Palmar, es su deseo desde hace años, regularizar sus viviendas y pagar por servicios fundamentales como el agua, pero lo cierto es que no parece fácil a tenor de las sensaciones que ofrece lo más profundo de su pedanía, con carriles por donde a duras penas puede circular un vehículo.

En la actualidad hay 160 expedientes disciplinarios abiertos contra edificaciones de El Palmar. 160 amenazas de demolición. O de harakiris.