Los ocho concejales que formaban el gobierno municipal de Puerto Real en la pasada legislatura, todos del Partido Andalucista, tendrán que enfrentarse a juicio oral por su presunta participación en un delito de prevaricación administrativa, en el marco del conocido como caso del aceite usado.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por cuatro de ellos (Flores Domínguez, Francisco Traverso, Jesús Plaza y Manuel Jesús Izco), que la juez que instruye el caso incorporó a la causa por su presunta participación en un delito de prevaricación administrativa.

Ellos se sumaron a sus por entonces compañeros de gobierno: Maribel Peinado (ex alcaldesa), Beatriz Parrado, Juan Carlos Martínez y José Antonio Ayuso. Estos últimos también interpusieron en su momento un recurso de apelación que fue desestimado por el juzgado de Puerto Real y posteriormente por la Audiencia Provincial de Cádiz. Tal y como ha ocurrido también en esta ocasión. Ahora el proceso abandona la Audiencia para seguir su curso en el Juzgado de Puerto Real, a la espera de la apertura del juicio oral.

La denuncia fue presentada por la Asociación de Gestores de Residuos (Geregras) después de que el Ayuntamiento firmase un convenio de exclusividad con la empresa Biouniversal para la recogida de aceite usado doméstico, y una adenda posterior que incluía el aceite usado de procedente de la hostelería. Eso, en la práctica, impedía que el resto de empresas debidamente autorizadas pudiesen trabajar en la localidad y fue entendido por Geregras como un acto que vulneraba la libre competencia de mercado, además de las posibles irregularidades que pudiesen haberse dado en la concesión.