Nueva batalla judicial entre Prieto y el Ayuntamiento de Grazalema

El ex arquitecto del Ayuntamiento de Grazalema, Juan Prieto, que fuera despedido de forma fulminante en mayo del 2006 tras ser acusado por contratistas y promotores de cobrar comisiones, motivo por el que en la actualidad está en libertad condicional tras haber sido encarcelado y abonado una fianza, ha iniciado una nueva batalla judicial contra el Consistorio serrano.

Tras haber conseguido que la Justicia le diera la razón en su despido (por una cuestión de forma achacable al Ayuntamiento de Grazalema, al no haber concretado las graves acusaciones que se habían vertido contra él en su carta de rescisión de contrato) ahora se enfrenta a la orden de demolición de su vivienda. Y de momento, ha logrado que la orden se paralice al haber interpuesto su mujer un recurso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según admitió ayer tarde a este diario la alcaldesa grazalemeña, María José Lara Mateos (PSOE).

Ha sido Juan Clavero, integrante de Ecologistas en Acción, el que ha desvelado a este diario que contra la casa del ex arquitecto, que lograra licencia con un informe a favor rubricado por él mismo, cuando aún trabajaba en el Consistorio, existe una orden de demolición dictada por la alcaldesa. Clavero ha hallado la resolución buceando en el expediente existente al respecto en el Ayuntamiento serrano.

Trasciende ahora lo que los ecologistas comenzaron a denunciar hace ya cerca de cuatro años, cuando Prieto comenzó a hacer obras en su casa, aunque curiosamente en el expediente no figuren sus denuncias; que esos trabajos eran ilegales, tal como ha determinado el Servicio de Asistencia a los Municipios (SAM) de Diputación, en un informe evacuado al respecto y que requirió la alcaldesa.

El Ayuntamiento no ha tomado cartas en el asunto de la posible ilegalidad de las obras realizadas por su ex arquitecto en su casa particular, que denunciaran los ecologistas al anterior regidor, Antonio Mateos (también imputado en el caso del presunto cobro de comisiones), hasta que Prieto no fue acusado por contratistas y promotores. Esto es, hasta que no se produjo la ya célebre reunión con la alcaldesa y ediles de su gobierno, en mayo del 2006, con los contratistas y promotores de la obra que provocó el desvío del cauce del río Guadalete en pleno casco urbano. Unos profesionales que declararon que el ex arquitecto les había el pago de comisiones ilegales, Uno de ellos admitió en esa reunión haber pagado, Cristóbal David Barrera, quien acabó en prisión con Prieto. Y dijo que dicha comisión "se ha pagado compensando el dinero que tenía que pagarle Prieto por haber realizado las obras en su vivienda en la finca Vista Alegre". La confesión, de la después el contratista se retractaría, la recogió el secretario municipal en un acta.

Fue en julio del 2007 cuando la alcaldesa decretó la demolición de las obras ilegales hechas en la casa, que tenía licencia para rehabilitación y que, según el informe del SAM, en realidad fue construida de nuevo casi al completo, algo ilegal e ilegalizable al ubicarse en suelo no urbanizable y no tener la parcela el tamaño mínimo que las normas urbanísticas de la localidad fijan para poder realizarse una rehabilitación, Tres meses dio para cumplimentar esa orden. Hace poco, en noviembre, giró visita a la zona la Policía Local y al constatarse el incumplimiento de la orden, la alcaldesa impuso a la mujer de Prieto (es la que figura al frente de la casa) una multa coercitiva por importe del 10% del valor de las obras realizadas, cercana a los 10.000 euros. Y desde ese punto, en el expediente municipal no figura nada porque, tal como dijo ayer tarde la alcaldesa, "la mujer ha recurrido al Contencioso con lo que se ha paralizado la orden, a la espera de lo que determinen los Tribunales".