CSIF, primera fuerza sindical en la Administración de Justicia de la provincia, quiere denunciar públicamente la situación que atraviesan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Jerez y de El Puerto de Santa María, al encontrarse sin magistrados desde que comenzó el año.

La jueza que ocupaba esta plaza en Jerez, Raquel López-Vizcaino Castro, pasó al Juzgado de lo Social número 1 de Jerez tras un acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado 13 de diciembre.

En un comunicado, el sindicato advierte que la ausencia de jueces en estos juzgados implica que “su personal funcionario se encuentra sin cobertura judicial, teniendo que asumir competencias que no les corresponden y viendo cómo se acumulan sus tareas por la paralización y suspensión de juicios, generando mucha más carga de trabajo”.

El sindicato alerta de que “los casos más graves y urgentes han de ser resueltos por un magistrado que no es titular del órgano especializado en violencia sobre la mujer”, una situación que genera también “un obvio perjuicio a las víctimas y familiares”.

CSIF ha estado durante todo el año 2023 denunciando “el caos provocado por la comarcalización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en el Campo de Gibraltar”, obligando a muchas víctimas, familias y testigos a desplazarse desde sus municipios a Algeciras; y, “a pesar de este experimento fallido, el Ministerio quiere seguir comarcalizando, ahora, los juzgados de la Bahía de Cádiz en la capital”.

Es decir, la “tan vendida especialización por parte del Ministerio tampoco existe y se incumple de manera reiterada el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, toda vez que no se garantiza la mejora y perfeccionamiento del sistema para erradicar esta lacra”. “Años después de su entrada en funcionamiento el porcentaje de víctimas sigue siendo el mismo, o algo superior, lo que demuestra la ineficacia del mismo y el perjuicio para las víctimas”, señalan desde CSIF.

CSIF subraya que los funcionarios de la Administración de Justicia, que estuvieron en huelga por más de tres meses el pasado año al reconocerles las funciones que desarrollaban, son “quienes dan la cara ante la ciudadanía, que acude a la Justicia con problemas de máxima relevancia”. “De no ser por unas plantillas excepcionales y su gran profesionalidad, la lucha contra la Violencia sobre la Mujer en la provincia de Cádiz sería inexistente”, añaden desde el sindicato.

Por todo ello, CSIF ha solicitado más implicación del Ministerio en esta materia tan sensible, y la inmediata y urgente cobertura de las dos plazas de magistrados que están sin cubrir en los Juzgados de Violencia de Género, a fin de evitar más perjuicios al servicio público y, sobre todo, a las víctimas de esta lacra social "que nos sigue azotando sin que se encuentre una solución adecuada para erradicarla".