La Junta trabaja ya en el plan de transporte metropolitano

La Junta de Andalucía ha iniciado los trámites de elaboración del plan de transporte metropolitano de la Bahía de Cádiz, que afecta a una decena de localidades y a más de 780.000 habitantes, convirtiéndose en la tercera área por población en la región, tras Sevilla y Málaga. Este documento fijará las medidas de ordenación y coordinación de servicios, tráficos, infraestructuras e instalaciones para la movilidad sostenible en todo este territorio.

A partir de ahora se inicia una recogida de datos que incluirá un análisis y diagnóstico de la oferta y la demanda "fijando los criterios para el desarrollo de un nuevo modelo de movilidad sostenible, estableciendo también las directrices de coordinación que deberán seguir las distintas administraciones de acuerdo con sus competencias (los ayuntamientos con el transporte urbano, la Junta con el interurbano por carretera y el Estado con el ferrocarril de cercanías)", según la administración regional. Igualmente, el plan especificará también el marco tarifario que funcionará en todos estos servicios, así como la procedencia de los recursos destinados a cubrir los costes de su funcionamiento y los criterios para el reparto de ingresos y posibles subvenciones.

Destaca la Junta, que ayer aprobó el inicio de este proceso en la reunión del Consejo de Gobierno, que el desarrollo del plan de transporte metropolitano está justificado por el crecimiento demográfico, la expansión urbanística, el desarrollo de políticas de ciudad dispersa y la crecimiento especialización en los usos del suelo. Se busca, en la medida de lo posible, acortar los tiempos de viaje y, sobre todo, reducir el uso mayoritario del automóvil.

En el plan se ha incluido a Cádiz capital, Arcos, Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Puerto Real, Rota, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda.

La Consejería de Fomento enviará en su momento su propuesta a una comisión formada por las administraciones autonómica y central y a la que se podrán sumar, con voz pero sin voto, profesionales de la materia y representantes de colectivos afectados. El documento pasará por el Consorcio de Transporte y estarán dos meses en exposición pública antes de la aprobación final.