La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda llevó a cabo el martes la demolición parcial de construcciones ilegales situadas en El Palmar, en parcelas calificadas como suelo rústico. Estas construcciones eran utilizadas como segunda residencia y destinada a alquiler, sobre todo vacacional. Aunque fueron previamente precintados el día anterior a su demolición, el 11 de diciembre, por la Inspección Autonómica y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sus propietarios rompieron los precintos y retiraron las edificaciones prefabricadas, por lo que sólo se repuso parcialmente la realidad física alterada: una piscina y tres losas de cimentación de hormigón armado, que fueron enterradas por sus propietarios.

Las actuaciones se remontan a 2019, año en el que se iniciaron los primeros procedimientos en el Palmar. De hecho, se notificó la paralización de las obras en agosto de 2019, si bien previamente se había apercibido en actas de inspección que las obras eran ilegales y debían paralizarse. Desde entonces, sistemáticamente se han incumplido las órdenes de suspensión: el propietario rompía los precintos y continuaba las obras, con lo que incumplía sistemáticamente la orden de suspensión de actividad que era la de establecimiento turístico. Estos incumplimientos se han acreditado en más de diez visitas a la zona por parte de los inspectores.

En el caso de El Palmar, se está produciendo un fenómeno de construcción de viviendas prefabricadas sobre suelo rústico. La práctica totalidad de edificaciones se constituyen en segundas residencias y, en su mayoría, se destinan a alquileres vacaciones clandestinos. Las medidas adoptadas por la Inspección autonómica están dando los resultados esperados, puesto que se observa un importante descenso en la comisión de nuevas infracciones. Del mismo modo, se está procediendo a la autodemolición de construcciones sobre las que pesan órdenes de demolición. Con las demoliciones previstas el ejecutivo andaluz ratifica su compromiso con el cumplimiento de la legalidad territorial y urbanística y con la colaboración institucional y el auxilio con los Órganos Judiciales y el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus potestades y funciones.

La Consejería de Fomento recuerda que hay que saber diferenciar viviendas irregulares de viviendas ilegales. La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) recoge la redacción de planes especiales que minimicen el impacto ambiental de las agrupaciones de edificaciones irregulares prescritas y, por tanto, que se encuentran en un limbo jurídico. Pero una cuestión es esa y otra permitir que se siga construyendo fuera de la ley. La LISTA ha priorizado la actuación inspectora y sancionadora para que no se reproduzcan los errores del pasado y se construya de manera ilegal, como se está produciendo en El Palmar. En esa línea, cabe recordar que las nuevas edificaciones ilegales que se levante no podrán ser regularizadas en ningún caso.