Inspectores sanitarios aplauden la sentencia de la Operación Karlos

La Asociación Andaluza de Inspección de Servicios Sanitarios ha aplaudido la sentencia de la Audiencia Provincial de la Operación Karlos, en referencia a la condena a Francisco Casto, médico Inspector en la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades (UVMI) de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz, al que le han impuesto una pena de nueve años y medio de prisión, al tiempo que ha pedido un mayor control público de las bajas por incapacidad laboral.

En un comunicado, el presidente de la asociación, Luis Manuel Garrido, señala que es necesario un cambio en la legislación estatal que clarifique el sistema de control de las bajas por incapacidad laboral, y permita un mayor y sobre todo mejor control público de la gestión de dichas situaciones, que evite la comisión de irregularidades y delitos de este tipo. Además, el colectivo insta a las autoridades autonómicas a potenciar los medios humanos y materiales con los que cuentan los Servicios de Inspección de la Consejería de Salud, que en los últimos años, no sólo no ha visto incrementada su plantilla, sino que se ha disminuido hasta cotas en las que "se hace imposible garantizar la calidad en el trabajo y la correcta aplicación de mecanismos de control de actuaciones de tipo fraudulento".

La asociación muestra su satisfacción por la actuación de las fuerzas de orden público que puso de manifiesto una "trama organizada" para conseguir, a cambio de aportaciones económicas, certificaciones médicas con las que acceder a pensiones de incapacidad permanente y se congratula del trabajo "lento pero concienzudo" de la Justicia con las condenas. Asimismo, Garrido solicita a la Consejería de Salud y a la Junta de Andalucía que, una vez concluidas las actuaciones procesales y en el momento en que sea posible, inicien las actuaciones administrativas disciplinarias que correspondan para depurar todo tipo de responsabilidades en relación con estos hechos, que "han venido a empañar el buen nombre y la labor seria y rigurosa del resto de profesionales que desempeñan honradamente sus funciones".

Al respecto, ve necesaria una "actuación contundente" de la Administración que responda con "celeridad" a la defensa de los intereses de los ciudadanos y restituya los efectos negativos que sobre el buen funcionamiento de la Administración autonómica, y sobre la profesionalidad de sus propios trabajadores, se hayan podido producir.