Nueve personas pertenecientes al Consorcio de Bomberos de la Bahía de Cádiz han sido imputadas por diversos delitos después de que la magistrada del Juzgado número 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, emitiera el pasado 3 de septiembre un auto de apertura de juicio oral por la denominada Operación Flama, que estalló en el año 2013 y de la que fue informando puntualmente este diario.

Hay que recordar que las actuaciones se iniciaron con motivo de una denuncia de la Fiscalía de Cádiz después de que el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) pusiera en mayo del 2013 unos presuntos delitos relacionados con la contratación de una póliza de seguros donde se observaron irregularidades en la asignación de cantidades desorbitadas de dinero entre los beneficiarios tras la firma del Acuerdo Regulador 2008-2018 entre el sindicato CCOO y el Consorcio, además de irregularidades en los cursos de formación.

Posteriormente comenzó la instrucción del caso en el juzgado, donde hubo incluso una investigación de la unidad de delincuencia económica de la Policía Nacional de Cádiz (UDEF) con un demoledor informe definitivo, al igual que el informe que hizo la Intervención General de la Administración del Estado en el 2018, donde aseguraba que el procedimiento de contratación de la póliza se había realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento exigido por la ley.

Dada la complejidad y la magnitud del caso hasta ahora no se va a empezar el juicio oral. En el auto la magistrada indica que podrá interponerse recursos de apelación, pero no tendrán efectos suspensivos, con lo cual, se celebrará el juicio oral y da un plazo de 30 días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para formular los escritos de acusación.

Como decíamos los imputados pertenecientes al Consorcio son nueve, cuatro de estos aún pertenecen al mismo, y otro cinco ya se han jubilado o no pertenecen al mismo como es el caso del cargo político del ex presidente, Andrés Beffa García.

El ex presidente del Consorcio, el actual director económico, el actual director financiero, la ex secretaria y el ex gerente son imputados por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en contratación pública y nombramiento ilegal.

Al ex jefe de formación del Consorcio, al actual director técnico, al ex jefe de servicios estratégicos y a un actual técnico administrativo de Contratación los imputa por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en contratación pública. Las otras cuatro personas relacionadas con la supuesta empresa de formación Formatekno han sido imputadas por presunta asociación ilícita, falsedad documental y fraude en la contratación pública.

Desde el Sindicato de Bomberos de Cádiz comentaban a este diario que “nos alegramos de que por fin vaya a celebrarse el juicio oral y por supuesto seguiremos trabajando desde nuestro servicio jurídico en el escrito de acusación y hasta que acabe el proceso”.

Recuerda el SBC que “todo el trabajo jurídico que hemos realizado hasta ahora en este proceso y hasta el final está financiado exclusivamente por las cuotas de nuestros afiliados, ya que somos un sindicato de bomberos independiente y sin subvenciones de ningún estamento. Nuestro objetivo no es otro que que se depuren responsabilidades penales si las hubiere y defender así a esta Administración Pública. Un servicio muy importante que prestamos a los ciudadanos y que ha sido maltratado durante muchos años por algunas personas sin inversiones y con falta de personal, recordemos que el ex gerente, por poner un ejemplo, tenía asignado en la póliza casi medio millón de euros para cuando se jubilara. Los miembros de la directiva del SBC hemos pasado momentos duros e incómodos, con campañas sucias malintencionadas, incluso provenientes de algunos de nuestros propios compañeros, pero hemos seguido hacia delante con nuestro trabajo y perseverancia, y hoy vemos un poco mas cerca el final de este asunto”, afirman fuentes del SBC.