Izquierda Unida ha lamentado que la Diputación Provincial de Cádiz, pese a disponer del 24,4% de participación en la Junta General del Consorcio Provincial Contra Incendios, no pueda pronunciarse sobre la situación de los trabajadores del Servicio de Atención Telefónica del 085, al considerar la presidenta, Irene García, que corresponde al propio Consorcio valorar esta situación.

La diputada de IU, Carmen Álvarez, realizó en el pleno de este miércoles una pregunta con ruego de respuesta escrita que finalmente fue respondida de manera oral por la propia presidenta. Álvarez interpelaba en relación a la situación del Servicio de Atención Telefónica del 085 del Consorcio Provincial Contra Incendios, gestionado por la empresa Ferrovial desde 2017. La diputada preguntaba por “las conclusiones de las informes jurídicos y económicos que maneja la Diputación como miembro del Consorcio sobre el proceso de integración de los trabajadores y trabajadoras del servicio del 085 de Emergencias en el Consorcio de Bomberos de la provincia”.

Asimismo, Álvarez preguntaba a la presidenta de la Diputación, Irene García, como entidad que dispone del 24% de participación en la Junta General del Consorcio, si “conoce la situación en la que se encuentran las instalaciones de este servicio de emergencias y sus trabajadores”, así como si “tiene previsto, en el ámbito de sus competencias por su participación en el Consorcio, instar a la empresa concesionaria de este servicio, al cumplimiento estricto de sus obligaciones en relación, tanto con la plantilla de trabajadores, como con la dotación de los medios técnicos adecuados para el desempeño de un servicio de emergencias público y de calidad”.

La diputada de IU mantuvo días atrás un encuentro con representantes de los trabajadores al que asistió también el responsable provincial de Organización de IU, José Luis Bueno. Allí tuvo conocimiento de la "precariedad" en la que trabaja el personal del servicio del 085, “tanto en lo que respecta a los recursos humanos como a los medios materiales”. Así, Álvarez afirma que “existen numerosas denuncias presentadas por los trabajadores y trabajadoras que se refieren al incumplimiento del pliego de condiciones previsto en la plica que sirvió para la adjudicación del servicio a la empresa concesionaria, y otras formuladas en relación a la situación laboral del personal o sobre las carencias de la dotación material inadecuada para un servicio de emergencias como es el 085”.

Por otro lado, la portavoz de IU destacó que, pese a que en junio de 2016 el pleno de la Diputación acordó por unanimidad una proposición de los grupos Por Cádiz Sí Se puede y Ganemos Jerez en relación al servicio del 085, y que en abril de 2017 los citados grupos volvieron a preguntar por este asunto, la situación sigue igual y no se ha obtenido aún respuesta alguna, por lo que entendía que ha llegado el momento de que la presidenta aportara su opinión al respecto. Álvarez considera que “un 24,4% de participación es una representación suficiente como para que un organismo como la Diputación valore si las condiciones laborales que se mantienen en el 085 son las más adecuadas o se ajustan a derecho, pero la presidenta ha preferido escurrir el bulto”.