IU denuncia "ilegalidades del Ayuntamiento contra el movimiento okupa"
Sanlúcar
Un certificado de empadronamiento de la Policía Local para la portavoz de las corralas moviliza a las demás familias
IU denunció ayer públicamente que "el Ayuntamiento presuntamente está intentando acabar con el movimiento okupa de Sanlúcar a través de ilegalidades", en alusión a la plataforma conocida como Corralas de la Dignidad.
La coalición izquierdista difundió sendos documentos firmados por el inspector accidental-jefe de la Policía Local, Rafael Ávila, en relación a una solicitud con fecha 17 de septiembre registrada en el Ayuntamiento por la hasta hace pocos días portavoz local de dicho movimiento, Laura Espinosa. Esta okupa de la Corrala de Bonanza pedía concretamente a la Policía Local "un certificado de empadronamiento de mi domicilio actual para la escolarización de mis dos hijos".
El primer escrito policial es del 22 de septiembre. Lleva el título de "certificado de empadronamiento" y atiende favorablemente la solicitud, al constatar que "efectivamente está residiendo en dicha vivienda como okupa desde el 20 de junio de 2014".
Sin embargo, un mes más tarde, en concreto el 21 de octubre, un segundo documento comunica a la vecina que, "como ya se le ha advertido verbalmente", "la Policía Local no tiene potestad para expedir ese tipo de certificados". Apunta que el primer escrito fue emitido "por error" y concluye informando a la solicitante que "todo uso de forma indebida puede ser considerado como uso fraudulento del citado certificado de empadronamiento, lo que le puede acarrear consecuencias jurídicas".
Para IU, "este incidente da muestra de hasta dónde puede llegar la presunta utilización clientelar y discrecional que hace el Gobierno PSOE-CIS de los recursos municipales".
Los izquierdistas preguntaron públicamente "cómo es posible que el inspector accidental-jefe de la Policía Local firmara un certificado de empadronamiento cuando de todos es sabido que es competencia exclusiva del Área de Población y Estadística del Ayuntamiento". "Muy probablemente la respuesta a esta pregunta esté en los testimonios recabados por IU y declaraciones públicas de miembros de las corralas. Las compañeras dicen que el alcalde, Víctor Mora, llamó un día a la portavoz desde la ventana de su despacho pidiéndole que subiera. Según cuentan, el alcalde le dijo que pagara la tasa en ventanilla para solicitar un certificado de empadronamiento", explicó IU al respecto.
Esta formación política adjuntó con su comunicado un vídeo en el que varios conocidos vecinos de las corralas aseguran que, en cuanto tuvieron conocimiento de esas gestiones por parte de la propia portavoz, "más de 50 familias" pidieron el mismo certificado previo pago de 3,30 euros por solicitud. "Hay 149 familias esperando poder empadronarse para solicitar ayudas y cambiar los niños de colegio", manifiestan antes de añadir que la respuesta del Gobierno local fue que el certificado expedido "es ilegal y no vale para nada", de manera que "va a buscar responsables". Atribuyen estas palabras a las concejalas delegadas Milagrosa Gordillo, Ana Morillo y Rocío Sumariva en una reunión que mantuvieron días atrás, según apuntó IU. Los okupas también se quejan de que "no piensan devolvernos lo que hemos pagado al registrar nuestras solicitudes".
Los izquierdistas quieren saber "qué intencionalidad hubo en facilitar exclusivamente a la portavoz dicho certificado, si era ilegal", barruntando que "todo puede responder a una supuesta orquestación premeditada" del alcalde y el jefe policial para "dividir el movimiento okupa". IU les exige explicaciones. En todo caso, "dada la gravedad de los hechos", no descarta llevar el asunto a la Fiscalía Anticorrupción.
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