Hipotecas, entre el cielo y el suelo

Cuando en este país no se vivía mirando el céntimo, sólo había dos preguntas que hacer a la hora de solicitar una hipoteca: si iba a ser concedida y cuánto se pagaría a final de mes. Quizá por ello un altísimo porcentaje de los préstamos hipotecarios a interés variable concedidos en los últimos años incorporan una cláusula por la que se establece un interés mínimo a aplicar (el famoso suelo). Esto viene impidiendo que, al revisarse anualmente el tipo aplicable, se tome como referencia el euríbor más el diferencial que aparece en el contrato, si están por debajo del suelo.

Sin embargo, la llegada de la crisis, y con ella las dificultades para pagar los recibos, sumados a las noticias sobre las constantes bajadas en los tipos de interés, provocó que los usuarios fueran conscientes de que, en las escrituras de sus hipotecas, figuraba esta estipulación, y que, por ello, no se estaban beneficiando de la disminución del interés del dinero.

Desde entonces las reclamaciones de los consumidores han ido multiplicándose. Primero vinieron las negociaciones directas e individuales con las entidades bancarias, que se remitían a la letra pequeña de los contratos, a ese incómodo e irritante la parte contratante de la primera parte...y cuando, poco a poco, han ido comprobando la dureza de los negociadores que tenían en frente han acudido a asociaciones de consumidores como Facua. Sólo la primera lleva ya más de 200 denuncias contra entidades bancarias por la aplicación de las llamadas cláusulas suelo.

Según David Cifredo, presidente de Facua en la provincia de Cádiz, con respecto a este asunto las entidades bancarias “actuaron con alevosía y premeditación. Eran conocedoras de las consecuencias que en un futuro inmediato iba a originar el establecimiento de la cláusula suelo e hicieron lo posible e imposible para que los usuarios no fueran conscientes de ello a la hora de firmar la hipoteca”. En respaldo de estas afirmaciones, el dirigente de esta organización recuerda el contenido de la sentencia emitida en relación con este asunto por el Tribunal supremo el pasado 9 de mayo.

En el 2009, la asociación pidió al Instituto Nacional del Consumo (INC) que actuase contra estas cláusulas, pero el organismo se desentendió del asunto derivándolo al Banco de España, que no puso objeción a su aplicación con el argumento de que eran el resultado de una supuesta negociación entre el usuario y la entidad bancaria. “Fue uno más de los muchos casos en que los organismos competentes miran hacia otro lado ante los abusos financieros”, dice Cifredo.

En Cádiz, al igual que en el resto de España, son miles los afectados por esta cláusula. La especial gravedad de la situación socioeconómica de esta zona empeora, aún más si cabe, el problema. Para el responsable de Facua Cádiz, sería un auténtico alivio para muchas familias la eliminación de esta cláusula y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente en aplicación de la misma, ya que, en algunos casos “no sólo está encareciendo el recibo de la hipoteca sino que están impidiendo que muchos puedan afrontarlo, lo que les aboca a un problema mucho más grave como es el tener que afrontar el drama de la amenaza del desahucio”, señala Cifredo.

Sin embargo, los bancos no están reparando en la situación específica de nuestra provincia, de forma que están dando la misma respuesta a las reclamaciones de los usuarios que en el resto del país. “En general –indica Cifredo– las entidades han hecho caso omiso a las sentencias, que avalan la dudosa legalidad de dicha cláusula, y parecen decididas a condenar a los usuarios a tener que reclamar sus derechos”.

En la provincia, Facua Cádiz está reclamando actualmente en representación de unos 200 afectados por esta cláusula, a los que la asociación espera que se sumen muchos más, dado que otras 250 personas han contactado con esta organización para solicitar información sobre este asunto.

A juicio de David Cifredo, en el aumento de las reclamaciones ha influido tanto la repercusión en los medios de comunicación de las sentencia judiciales sobre este asunto como el simulador que esta organización ha puesto gratuitamente a disposición de los usuarios (en su web facua.org), y que les permite calcular cuánto se ha pagado de más con la cláusula suelo de la hipoteca desde la firma de la escritura hasta la fecha actual.

Según Cifredo, hasta la fecha más de 1.000 gaditanos han utilizado esta herramienta. Por otra parte, otros afectados han abarrotado los talleres informativos que sobre esta cuestión ha organizado Facua en diferentes municipios de la provincia (Algeciras, Cádiz, Jerez, El Puerto…) y que esta organización va a continuar celebrando, dado que se lo están solicitando diferentes colectivos (vecinales, plataformas ciudadanas, etc.).

La masiva afluencia a estos talleres y el éxito del simulador permiten, según Cifredo, que nos hagamos una idea de las dimensiones de este conflicto entre bancos y usuarios. “Los bancos incluyeron la cláusula en prácticamente la totalidad de las hipotecas que se firmaron a partir de 2007, coincidiendo con el boom hipotecario que acompañó a la burbuja inmobiliaria”, señala.

En la tramitación de estas reclamaciones, la asociación se está dirigiendo a las entidades bancarias (primero a la propia entidad y luego al Defensor del Cliente de las mismas). En caso de no obtener una respuesta positiva, es decir, la eliminación de la cláusula y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente, Facua Cádiz está elevando las reclamaciones al Banco de España y simultáneamente, está denunciando a las entidades ante la Junta de Andalucía, administración que tiene la competencia en materia de consumo.

Dado que, respecto de este asunto, el Banco de España, según Cifredo, está “mirando para otro lado” y que la Junta de Andalucía “pretende saldar de forma ridícula, con multas de un máximo de 400.000 euros, este fraude de miles de millones”, los usuarios, en muchos casos, tendrán que recurrir a los Tribunales de Justicia para que le quiten la cláusula.

A tal efecto, Cifredo informó que, dada la complicación que ello conlleva para los usuarios, Facua Cádiz “va a facilitar a sus asociados que quieran llevar su reclamación hasta esta última vía que lo hagan a través de los abogados que colaboran con esta organización, minimizando al máximo el coste económico que ello supone”.