La segunda fase del plan de pago a proveedores ha supuesto el abono en la provincia de Cádiz de casi 70 millones de euros, un total de 4.002 facturas pagadas en el mes de agosto a 229 proveedores, a los que 17 entidades locales adeudaban el pago por materiales o servicios.  

De estos 229 proveedores, 160 son pequeñas y medianas empresas (Pymes, 69,86 por ciento), 45 son personas físicas (19,65 por ciento) y 24 son grandes empresas (10,48 por ciento); según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado. 

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha destacado el "apoyo" del Gobierno de España, especialmente a los pequeños y medianos empresarios y a proveedores particulares de la provincia que, "gracias a las medidas económicas contempladas en el Plan para la Erradicación de la Morosidad de las Administraciones Públicas, van a salvar puestos de trabajo y empresas que, de otra forma, estaban en peligro de cierre por las deudas que algunas entidades locales arrastraban con ellos".    

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha procedido al abono de las facturas pendientes de estos proveedores a través de la extensión del plan de pago a proveedores que se aprobó este año para deudas anteriores a 2012. En esta segunda fase se incluían también las deudas de las mancomunidades, fuera de la primera fase que contemplaba sólo las de los ayuntamientos. 

A través de esta segunda fase del mecanismo se ofrecía una solución a las administraciones territoriales para que hagan frente a estos pagos "a la vez que se garantiza la sostenibilidad de sus finanzas". 

De esta forma, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha abonado en la provincia de Cádiz un total de 127.355 facturas pendientes de 5.761 proveedores de ayuntamientos y mancomunidades por un importe de 1.012,42 millones de euros a través del primer plan de pago a proveedores de 2012 y la extensión aprobada en 2013. 

En la primera fase, en la que participaron el total de los 44 ayuntamientos gaditanos, el 64,13 por ciento del importe abonado fue a pequeñas y medianas empresas, el 31,88 por ciento a personas físicas y el 3,9 por ciento a grandes empresas.  

Tercera fase del plan

En esta tercera y última fase del mecanismo de financiación puesto en marcha en julio por el Gobierno (cuyo plazo de aceptación por parte de los proveedores finaliza este viernes, día 6 de septiembre), se podían incluir las obligaciones pendientes de pago con los proveedores siempre que sean vencidas, líquidas y exigibles, con anterioridad al 31 de mayo de 2013.  

La Subdelegación destaca como novedades la inclusión de las obligaciones adquiridas por las universidades públicas, las derivadas de indemnizaciones por expropiaciones reconocidas en sentencia judicial firme, o las transferencias a instituciones sin ánimo de lucro.  

Otra novedad es la protección otorgada a los subcontratistas y al resto de acreedores de los proveedores de los que las administraciones son deudoras. Para ello, se facilitará que estos acreedores puedan conocer si sus deudores van a cobrar sus deudas con las administraciones a través de este mecanismo, y en qué momento, lo que permitirá extender el efecto al resto de la cadena de pagos.  

Finalizado el Plan de pago a proveedores, en el último trimestre del año se aplicará el conjunto del Plan para la Erradicación de la Morosidad de las Administraciones Públicas (AAPP), que supondrá la aprobación en el Parlamento de la norma que aborda el control de la deuda comercial y del periodo medio de pago a proveedores, penalizando el incumplimiento del plazo legal de pago de las AAPP en 30 días.