El Consejo de Ministros dio ayer el paso que desbloquea la futura construcción del reclamado ramal ferroviario al Bajo de La Cabezuela, en Puerto Real. Ayer, autorizaba la resolución del contrato de esta obra, que permanecía bloqueado desde que en el año 2010 una de las empresas que formaba la UTE a la que se le adjudicó la operación, se declaró en concurso de acreedores. A partir de ahora, se licitará la redacción de un nuevo contrato que refleje el acuerdo firmado en Cádiz en abril del pasado año, cuando la ministra de Fomento entonces, Ana Pastor, confirmó que esta actuación tendría una financiación de 20 millones de euros.

La resolución del Consejo de Ministros explicó ayer que la obra para llevar el tren hasta La Cabezuela formaba parte "de un proyecto más amplio para la ampliación de la capacidad y otras mejoras en la línea Sevilla-Cádiz". Así, recordó que el contrato fue adjudicado el 2 de julio de 2009, tras el correspondiente concurso público y mediante resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, a una UTE formada por las empresas Ploder Uicesa y Vialobra por importe de 16.769.121,5 euros, IVA no incluido. Sin embargo, el 11 de marzo de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la declaración en concurso de acreedores de la empresa Ploder Uicesa, "lo que hacía inviable la ejecución de las obras adjudicadas", expresó.

Así, como añadió el Consejo, "la resolución de este contrato está motivada por la necesidad de licitar un nuevo contrato para la ejecución de las obras, en virtud del convenio suscrito por la empresa Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Puertos del Estado el 27 de abril de 2016". De este modo, las obras serán ejecutadas por ADIF y Puertos del Estado se hará cargo de su financiación por un importe máximo de 20 millones de euros, con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Asimismo, indicó que ADIF se encargará de adaptar el proyecto "a las condiciones y requisitos funcionales actuales de máxima interoperabilidad y operatividad de la infraestructura".

El convenio al que se hace referencia en la resolución conocida ayer, fue firmado el pasado 27 de abril de 2016 por el presidente de ADIF, Gonzalo Ferre; y el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en presencia de la ex ministra Ana Pastor.

Ese día, los empresarios portuarios admitían que se trataba de un acto casi protocolario de obligado cumplimiento, sabedores de que el contrato existente aún, el que databa del año 2009, bloqueaba cualquier inicio de obras. Desde ayer, sin embargo, la resolución de ese compromiso contractual deja vía libre a la administradora de instalaciones ferroviarias y a Puertos del Estado para redactar un nuevo contrato y adjudicarlo. Eso sí, ayer el Consejo de Ministros tampoco habló de fechas.

En abril del año pasado, la Autoridad Portuaria de la Bahía sí habló de sus previsiones una vez esta actuación se haga realidad. Estimó que el tráfico de La Cabezuela aumentaría un 35% gracias a la llegada del tren. Incluso, se avanzó que el movimiento en La Cabezuela podría aumentar en 700.000 toneladas que se sumarían a los dos millones de toneladas que mueve sin tren.

Pero lo que ya quedó claro aquél día fue cómo se financiará la operación. Serán 20 millones procedentes de ese Fondo de Accesibilidad Terrestre, dinero aportado por todos los puertos de referencia españoles que ya expresaron de manera unánime su intención de aportar el dinero que necesitara Cádiz para tener un tren para sus mercancías portuarias.